Para ambos sindicatos, el fin de la colaboración en el momento actual supondrí­a la incorporación de golpe al IMSALUD de cerca de 300.000 nuevos usuarios que hoy reciben asistencia sanitaria de las citadas colaboradoras. Una nueva carga para los servicios sanitarios públicos que verí­an dispararse las ya abultadas listas de espera en la atención especializada y reducirse aún más el escaso tiempo de atención en las consultas de la primaria.

Para estas organizaciones sindicales, se cometerí­a una injusticia inexplicable sobre los trabajadores afectados por la colaboración, al negarles unos beneficios asistenciales conseguidos en la negociación colectiva de muchos años y, en muchos casos, gracias a la renuncia de otras reivindicaciones.

CC.OO. y UGT consideran que siendo el gobierno de la Comunidad a quien corresponde dar la solución, no es al gobierno en funciones a quien compete. Por todo ello, ambas organizaciones reclaman una prórroga de seis meses que facilite al nuevo gobierno la decisión sobre el asunto.