El presupuesto presentado por el Gobierno de la nación para 2004 continua con las mismas directrices utilizadas en años anteriores. El equilibrio presupuestario condiciona la elaboración de las polí­ticas de gasto a partir de una poco solvente hipótesis de crecimiento del PIB en las actuales condiciones de la economí­a mundial. La experiencia de años anteriores demuestra que en la práctica el equilibrio presupuestario se obtiene mediante el doble instrumento de excluir del presupuesto partidas de gasto en inversión e incrementar las presión fiscal mediante los impuestos sobre el consumo.

La sociedad española, además de solucionar los actuales problemas (desempleo, precariedad en el empleo, vivienda, ...), se enfrenta a dos retos ante el futuro: avanzar en un modelo de competencia con base en el valor añadido de sus productos y mejorar la cohesión social y económica garantizando en paralelo los equilibrios demográficos. Estos retos deben ser asumidos tanto por el sector privado como por el público y, dentro de este último por todas las Administraciones (Central, Autonómica y Local).

Los PGE para 2004, la colaboración del sector público de la Administración Central decidida por el Gobierno de la nación, no suponen un avance suficiente en la dirección mencionada.

Para CC.OO., la polí­tica fiscal aplicada es insuficiente en dimensión para solventar o, como mí­nimo mejorar las deficiencias de la economí­a española. Las acostumbradas lagunas en infraestructuras y prestaciones sociales se han visto recientemente ampliadas por la necesidad de aplicar soluciones para evitar un posible problema demográfico en el futuro próximo.

La sociedad española necesita ampliar de forma inmediata el gasto público en una serie de polí­ticas para avanzar en un modelo de competitividad basado en el valor añadido de sus bienes y servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, compatible con los obligaciones marcadas en el Pacto de Estabilidad y Empleo en más inversiones en infraestructuras fí­sicas y tecnológicas; mejores polí­ticas de igualdad de oportunidades, en especial en el capí­tulo educativo y los servicios públicos de empleo; suficientes polí­ticas de ayuda a la familia: prestaciones económicas generalizadas por hijo a cargo, servicios de guarderí­a, servicios sociales de dependencia y de acceso a la vivienda en condiciones dignas; prestaciones sociales más amplias dirigidas a las personas en peor situación sin rentas alternativas y especial mención para las polí­ticas especí­ficas de integración de la población emigrante.

Por otro lado, La polí­tica fiscal desarrollada hasta la fecha no es soportable a medio plazo, hasta el punto que empiezan a verse con claridad los efectos sobre las finanzas públicas de los excesivos trucos contables utilizados para enmascarar la situación real. La permanente exclusión del presupuesto de proyectos de inversión (GIF, AENA, Aeropuertos) anteriormente incluidas en el mismo utilizando el mecanismo del préstamo del estado a terceros aunque su recuperación sea muy difí­cil o imposible, introduce una sombra de duda sobre la afirmación oficial de haber alcanzado el equilibrio presupuestario en los últimos años.

El gasto total ejecutado en el periodo 1996-2003 bajo responsabilidad del gobierno de la nación (Administración Central) es superior al declarado oficialmente como demuestra un aumento de deuda pública en circulación superior en 37.682 millones a los saldos anuales declarados como liquidación del presupuesto (5,2% del PIB). La necesidad de incrementar la deuda pública emitida causa un gasto adicional en su financiación cercano a los 2.000 millones anuales (anexo 1).

El elevado crecimiento nominal del PIB en este periodo, más del doble que el real (66% frente 29%) provocado por la elevada inflación, ha permitido encubrir este importante aumento nominal en el volumen de deuda en circulación compatibilizándolo con una caí­da de su ratio en relación al PIB (del 52,4% en 1995 hasta el 44,8% en 2002). La evolución de la deuda de acuerdo al déficit oficial la habrí­a reducido aún más hasta alcanzar el 38,9% del PIB.

Por último, CC.OO. considera que la polí­tica fiscal aplicada es injusta en la distribución de los esfuerzos entre los ciudadanos. Los impuestos han crecido 2,3 puntos del PIB en el conjunto del estado en el periodo 1995-2002 concentrándose especialmente en los impuestos sobre el consumo (1,5 puntos adicionales), lo que les hace ser protagonistas dentro del sistema tributario (51,7% frente al 48,3% en 1995) trasladando un mayor esfuerzo relativo a las personas con menores ingresos.

Las ventajas de las sucesivas reformas del IRPF no sólo implican una pérdida de ingresos (7.200 millones anuales: un punto del PIB) cuando la presión tributaria española es inferior en algo más de tres puntos del PIB a la media de Unión Europea, sino que sobre todo, las rebajas se concentran de manera excesiva en las personas con rentas más elevadas, como se puede comprobar en última Memoria Tributaria correspondiente a 2000.