Los niveles de calidad y de seguridad del transporte escolar, especialmente del rural, dependerán del lugar de escolarización

El pasado 1 de Septiembre entró en vigor el nuevo "Real Decreto sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores" que será de aplicación durante los próximos cursos. Este Real Decreto sustituye al anterior que databa de 1.983.

Tras más de tres años de elaboración, el resultado es muy decepcionante para la "Plataforma por la Seguridad del Transporte Escolar". Bajo un articulado que a primera vista pudiera parecer razonable, se establece una serie abusiva de condiciones, excepciones y moratorias que vulneran el sentido general expresado en la norma. En este sentido la Plataforma manifiesta que "este Real Decreto está repleto de trampas".

Haciendo gala de una notable hipocresí­a polí­tica (en el texto aparece como regla general la obligatoriedad del acompañante) el Gobierno usa su articulado para prácticamente eliminar la figura del acompañante en los trayectos rurales desde los pueblos a las cabeceras de comarca de los estudiantes de 12 a 16 años. Asimismo, mantiene las dos horas diarias actuales como duración máxima del viaje de los menores, al plantear un máximo de una hora, pero por cada sentido del viaje, lo que es excesivo.

En relación con las caracterí­sticas técnicas de los vehí­culos, a través de otros enredos normativos, el Real Decreto hace posible circular vehí­culos con 18 años de antigí¼edad hasta el 2004 a pesar de que la regla general establece una edad máxima de 10 años. Inexplicablemente, la excepción que permite circular vehí­culos con 18 años de antigí¼edad se extiende ad infinitum en el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Asimismo, a pesar de establecerse unos condicionantes técnicos bastante rigurosos, se permitirá el transporte de menores en vehí­culos no dotados de arcos antivuelco.

Los escolares de las Comunidades Autónomas del noroeste español (Galicia, Castilla y León, Asturias, Extremadura) se verán especialmente afectados por la aplicación de esta norma en su redacción actual.

La Plataforma valora que frente al interés superior de la seguridad de los menores, la Administración (tanto la central como algunas autonómicas) se ha afanado en reducir el coste generado por el cambio logí­stico en el transporte de menores provocado por la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con la valiosa colaboración de la patronal de transporte de viajeros por carretera.

Por otra parte, algunas CC.AA., ante la obsolescencia y el retraso de la actualización de la norma ya han procedido a elevar los estándares de calidad y seguridad en su ámbito (especialmente Catalunya y la Comunidad Foral de Navarra, y en menor medida, la C.A. de Madrid).
La Plataforma plantea que esta mejora se produzca en todo el Estado, para que la calidad del transporte escolar no dependa de donde se reside, lo que es absolutamente inaceptable.

Ante este panorama, la Plataforma rechaza la redacción actual del citado Real Decreto y exige que, a través de una nueva redacción de la norma durante el curso que empieza, se eleven de forma homogénea y en todo el Estado los niveles de seguridad activa y pasiva a bordo de los vehí­culos dedicados al transporte de menores, especialmente generalizando y cualificando la figura del acompañante, figura que era obligatoria antes de 1.983.

Ello pasa también por dotar presupuestariamente entre las distintas Administraciones el sobrecoste generado por la mejora de la calidad y la seguridad del transporte escolar en el ámbito de todo el Estado que plantea la Plataforma.

La Plataforma por la Seguridad del Transporte Escolar está constituida desde 1998
por Sindicatos (CC.OO. y UGT), Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),
Asociaciones de Consumidores y Usuarios (UCE, CECU) y otras Organizaciones Sociales,
para defender la Calidad y la Seguridad del Transporte de Menores en el Estado español