El Gobierno ha configurado, según los primeros datos, unos Presupuestos Generales del Estado para 2004 caracterizados, como en años anteriores, por la falta de transparencia en la información, la supeditación al déficit cero y la consolidación de los privilegios de aquéllos con un nivel de renta más elevado.

De esta forma no sólo no resuelve los problemas estructurales de España para alcanzar la convergencia social en empleo, rentas y bienestar sino que aumenta la distancia que nos separa del resto de los paí­ses europeos.

UGT considera que es el momento de que el Gobierno acepte cierto margen de déficit público (la flexibilidad del Pacto de Estabilidad defendida por la Comisión Europea), y abandone el empeño irracional del déficit cero, para diseñar una estrategia a medio y largo plazo que impulse la actividad económica, la productividad, el empleo y la cohesión social. Los objetivos de dicha estrategia, a juicio del sindicato deberí­an ser: mejorar la calidad del empleo, con una polí­tica de gasto acorde con la cumbre de Lisboa (pleno empleo y trabajo estable) y recursos para equiparar el SMI al 60% del salario neto; un esfuerzo muy superior en inversión, infraestructuras e I+D+I, priorizando la inversión civil sobre la militar; reforzar las polí­ticas de empleo y protección social (duplicar el gasto en polí­ticas activas, destinar los excedentes de las cotizaciones por desempleo a mejorar la cobertura a los parados, e incrementar las pensiones mí­nimas); y reforzar el sistema educativo.

El escenario presente de la economí­a española presenta dificultades estructurales para alcanzar la convergencia social en empleo, rentas y bienestar debido a la existencia de importantes déficits en factores clave para la competitividad y productividad, como son la dotación de capital, la intensidad tecnológica, el volumen, composición y calidad del empleo, la formación y el sistema de protección social, tanto en la cuantí­a de sus prestaciones, como en la extensión de su cobertura.

Son éstos, pues, los factores que deben potenciarse en último término para que nuestra economí­a logre ganancias de bienestar y competitividad duraderas que redunden en un beneficio sostenido para el conjunto de la sociedad.

Los PGE de los diferentes gobiernos del PP han obviado estos objetivos, y se han caracterizado por:

– el equilibrio presupuestario como objetivo supremo, al que se supeditan todos los demás, lo que hace de por sí­ incompatible una estrategia de crecimiento y eliminación de déficits estructurales;

– artificios contables de todo tipo para aparentar unos incrementos de las partidas de gasto (social y de inversión, básicamente) por encima de los realmente proyectados;

– enmascaramiento, en definitiva, de los verdaderos objetivos de la polí­tica económica desarrollada.

Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha señalado que los PGE-2004 mantienen la misma lí­nea que en los últimos años, lo que supone insistir en una estrategia que se caracteriza, por tanto, por la falta de transparencia en la información en lo formal y la supeditación del desarrollo y la convergencia social al déficit cero y la consolidación de los privilegios de aquéllos con un nivel de renta más elevado.

Lo cierto es que la polí­tica presupuestaria del Gobierno del PP (y los PGE-2004 parece que serán, en este sentido, continuistas) se ha mostrado incapaz para mejorar los graves déficits que suporta nuestra economí­a:

– en polí­tica de inversión

La polí­tica de estabilidad presupuestaria conlleva indefectiblemente la limitación del esfuerzo en inversión. Pese a la propaganda realizada año tras año, los resultados obtenidos muestran que la estrategia de contención del déficit desarrollada por los gobiernos del PP se ha realizado a costa de la inversión, es decir, sacrificando potencial de crecimiento futuro y, por tanto, de creación de empleo y riqueza. Así­, desde 1996 el gasto en inversión ha supuesto de media un 3,3% de PIB, un nivel claramente insuficiente para las necesidades de nuestro paí­s, y muy inferior a la media del perí­odo inmediatamente anterior (1990-1995), que supuso un esfuerzo medio anual equivalente al 4,2% del PIB.

Esta situación endémica resulta clave, puesto que del nivel de dotación de capital de un paí­s depende su nivel de desarrollo presente y, sobre todo, futuro.

– en polí­ticas activas y protección al desempleo

Nuestro paí­s presenta unas polí­ticas activas de empleo que se encuentran entre las más débiles, desequilibradas e ineficaces de la UE: el gasto total destinado a estas polí­ticas, en proporción a la tasa de paro que soporta, es de los más bajos de la UE; la mayorí­a de los recursos se destinan a subvenciones empresariales, el instrumento menos eficaz y menos controlable; y son de las que benefician a un menor porcentaje de la población activa.

Pero, además, nuestro sistema de protección al desempleo también es de los más débiles de Europa, tanto en intensidad (el nivel de gasto es de los más bajos de la UE) como en extensión (menos de la mitad de los desempleados cobra prestaciones).

– en empleo

La situación de empleo constituye probablemente el mayor desequilibrio que posee nuestro paí­s en términos comparados con la UE, y supone un indicador fehaciente de que los PGE no han tenido el empleo como un objetivo central.

España presenta los peores resultados de la UE en cuanto a tasas de actividad, ocupación y desempleo, formación, igualdad salarial, estabilidad del empleo y siniestralidad, todo lo cual supone una pérdida decisiva de capacidad productiva y una rémora para la convergencia social. Estos negativos registros vienen en buena medida derivados de la negativa posición comparada de la mujer en el mercado de trabajo, que es donde se concentran las diferencias respecto a la UE en tasa de actividad, ocupación y desempleo, como reflejo de las peores condiciones de acceso al mercado laboral que soportan.

– en educación

La educación, en tanto que inversión en capital humano, es otro factor clave para el desarrollo futuro de un paí­s, y España realiza un esfuerzo de gasto en esta partida claramente insuficiente, teniendo en cuenta que nuestra población mantiene, por ejemplo, los niveles medios educativos más bajos de la UE (tras Portugal), y que sufrimos el í­ndice de fracaso escolar más elevado. Pese a ello, nuestro nivel de gasto público en educación en porcentaje del PIB es no sólo el segundo más reducido de la UE (tras Grecia), casi un punto por debajo de la media de la zona, sino el sexto más bajo de toda la OCDE, y se ha reducido desde 1995.

– en Innovación Tecnológica

El retraso de nuestro paí­s en cuanto a desarrollo tecnológico supone una hipoteca sobre el desarrollo socioeconómico futuro que es necesario amortizar cuanto antes. El esfuerzo inversor en esta partida es aún muy reducido, menos de 1% del PIB (la mitad de la media de la UE), y responde a un bajo nivel inversor tanto de las Administraciones Públicas como de las empresas.

Pero, además de esta escasa cuantí­a, España es el paí­s de la UE que mayor porcentaje del total dedica a inversión militar (en el periodo 1995-99 fue la partida de I+D que más creció con mucha diferencia).

En definitiva, si se desea realmente hacer frente a los déficits estructurales que presenta España en términos de empleo, rentas, protección social, polí­ticas de empleo y desempleo, inversión pública en infraestructuras, telecomunicaciones, innovación tecnológica y nuevas tecnologí­as de la información, es necesario aplicar una polí­tica presupuestaria que apoye el despegue del crecimiento económico, no sólo por la ví­a de la reactivación de la demanda interna, sino al mismo tiempo resolviendo el deterioro recurrente del sector exterior en forma de déficit comercial y déficit por cuenta corriente, así­ como el acusado problema de la elevada inflación que tanta responsabilidad tiene sobre las pérdidas de competitividad de la producción española.

Por ello, y dadas las dificultades que opone el contexto internacional para el relanzamiento económico, es irracional que se continúe un año más con la pretensión de alcanzar un déficit cero en las cuentas públicas, cuando la economí­a aún se muestra débil y persisten las mencionadas deficiencias estructurales de nuestro paí­s.

Si bien es cierto que la economí­a europea está sujeta a unos lí­mites de crecimiento en el déficit público (no superior al 3% del PIB) no es menos cierto que la reactivación de dicha economí­a no vendrá por sí­ sola ni por efecto exclusivo de la recuperación de la economí­a estadounidense. Y que, por tanto, serí­a más aconsejable, para poder afrontar en el corto plazo la recuperación económica de los paí­ses miembros de la eurozona, apoyar la posición que, a nuestro juicio acertadamente, ha defendido recientemente la Comisión Europea, en cuanto a la necesidad de flexibilizar el Pacto de Estabilidad.

Es hora pues de que a nivel nacional se desacralice la consecución del déficit cero, objetivo injustificado que está lastrando la reducción de los déficits estructurales que arrastra nuestro paí­s.

Las necesidades sociales y económicas de España exigen aprovechar el margen de maniobra existente para acelerar en varios ejercicios económicos consecutivos (podrí­an ser del orden de cuatro o cinco) el esfuerzo presupuestario, aceptando para ello un cierto nivel de déficit público. La situación actual, con sus desafí­os y los déficits de los que partimos, exigen una respuesta en los PGE para el próximo año, en concreto una estrategia de futuro. Así­ pues se deberí­a configurar una estrategia a medio y largo plazo que, partiendo de la aceptación de un cierto margen de déficit público, esté orientada a relanzar en mayor medida la actividad económica, la productividad, el empleo y la cohesión social.

En consecuencia, UGT considera que dicha estrategia de futuro, en la que se deberí­an de inscribir las diferentes lí­neas de actuación prioritarias para los próximos PGE 2004, deberí­a basarse en los siguientes OBJETIVOS:

– Mejorar la calidad del empleo

Es necesario una polí­tica de gasto, que de acuerdo con los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa tenga por objetivo a medio plazo el pleno empleo a través de la creación de más puestos de trabajo y de mejor calidad, reduciendo la brecha diferencial que actualmente presenta España con respecto a Europa en cuanto a la totalidad de los indicadores de calidad del empleo fijados por Comisión Europea.

En el mismo sentido, los PGE deberí­an aportar recursos suficientes para proceder a una redefinición del Salario Mí­nimo Interprofesional (SMI), que incluya la revisión automática de dicha renta laboral básica y la dotación de fondos necesaria para proceder a un plan de revalorizaciones anuales que permitan alcanzar en un corto plazo su equiparación con el 60% del salario medio neto, como recomienda la Carta Social Europea.

Igualmente, en coherencia con los contenidos del Acuerdo alcanzado entre Administración y Sindicatos, los próximos Presupuestos deberí­an dotar recursos suficientes para adecuar las plantillas de empleados públicos a las necesidades reales de atención a los ciudadanos y garantizar el cumplimiento del objetivo establecido en el Acuerdo de reducir la temporalidad por sector y ámbitos al 8%., así­ como para actualizar las retribuciones de los asalariados públicos según los incrementos pactados de subida salarial para el año 2003 y 2004.

– Mejorar las infraestructuras y elevar la dotación de capital

Es preciso aumentar el ritmo de capitalización de la economí­a española, en el medio y largo plazo, en base a esfuerzos presupuestarios que, mucho más intensos que los actuales, se dirijan a aumentar las dotaciones de capital público y privado.

Para ello, la inversión pública debe superar los í­nfimos porcentajes de participación que actualmente registra sobre el total de la inversión (20%), incrementándose por encima del crecimiento nominal del PIB de forma sostenida en el tiempo, y priorizando la inversión civil sobre la militar.

– Potenciar la investigación, la innovación tecnológica y la incorporación al sistema productivo y a la sociedad de las nuevas tecnologí­as de la información y las comunicaciones.

Una de las prioridades de la polí­tica presupuestaria debe ser la de aumentar la inversión en I+D, triplicando el nivel de gasto actual para converger con el objetivo ambicioso fijado por el Consejo Europeo equivalente al 3% del PIB para el 2010.

Para ello, es necesario que el esfuerzo sea sostenido en el tiempo, con aumentos que superen sustancialmente el incremento nominal previsto para el PIB, al objeto de alcanzar, al menos, la media de gasto europeo(1,94%).

En este sentido, es necesario una segregación de los presupuestos en materia de I+D, diferenciando el gasto destinado al ámbito civil del destinado a defensa.

– Reforzar las polí­ticas de empleo y de protección social

La estrategia presupuestaria en polí­ticas de empleo debe regirse por dos principios básicos: primero, que dicha polí­tica no puede quedar subordinada a los objetivos en polí­tica económica; y, segundo, que las polí­ticas de demandas basadas en la inversión productiva y nuevas fuentes de empleo deben superponerse a las polí­ticas de oferta dirigidas a subvencionar la contratación, que escasos efectos tienen sobre la generación neta de empleo.

En consecuencia, es necesario un fuerte aumento del gasto en polí­ticas activas, al menos para alcanzar el esfuerzo medio europeo en dicho gasto, al mismo tiempo que una reducción notable del gasto dedicado a subvencionar la contratación empresarial, aproximándolo al esfuerzo medio que dedica la UE; y reorientándolo a financiar acciones para los desempleados.

Igualmente, es preciso modificar la financiación del INEM de tal suerte que los excedentes en las cotizaciones por desempleo se dirijan, preferentemente, a mejorar la cobertura por desempleo y que las llamadas polí­ticas activas se financien, exclusivamente, con aportaciones públicas. Asimismo, el Estado debe hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y gestión del INEM que vienen pagándose con cotizaciones desde hace ya cuatro ejercicios.

Existe, en la actualidad, una situación saneada que exige una mejora de la protección por desempleo, especialmente a aquellos colectivos más vulnerables que no perciben renta alguna.

Al respecto, serí­a recomendable, que el gasto en polí­ticas activas se duplicara para aproximarnos a los esfuerzos medios europeos en programas de fomento del empleo, formación profesional, contratación de desempleados y mejora de la ocupación, y Escuelas Taller y Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

– Reforzar la protección social, base del Estado de Bienestar

Partiendo del enorme superávit obtenido por la Seguridad Social en 2002 y 2003 (1% del PIB cada año aproximadamente), el próximo año debe ser aprovechado para mejorar de forma notable las prestaciones sociales, quebrando la tendencia de continua reducción del gasto en términos reales que se ha producido desde 1995 (en 2001 el gasto social era 2,1 puntos del PIB inferior al existente en 1995).

Para ello, y por el lado de los ingresos, UGT demanda un incremento mayor de la aportación del Estado para financiar los complementos de mí­nimos de pensiones. En 2004, proponemos que la aportación del Estado debiera ser mayor de tres doceavas partes con el fin de acortar el desorbitado perí­odo de 12 años acordados en el Acuerdo de pensiones 2001 que UGT no firmó.

Por el lado de los gastos, existe margen suficiente para acometer una revalorización mayor de las pensiones (contributivas y no contributivas), en especial de las mí­nimas, que deberí­an gradualmente aproximarse al 50% de la renta media por persona, y de la mejora de la protección familiar, que es, sin duda alguna, la prestación peor tratada de todas y que tiene consecuencias muy negativas tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto.

Todo ello sin olvidar otras demandas sociales como las referidas a otras prestaciones, como los servicios sociales dirigidos a la atención de la infancia y de las personas dependientes.

– Reforzar el sistema educativo

Es necesario incrementar el gasto público en educación al objeto de aumentar los niveles educativos y de participación de los adultos en la educación y la formación; de mejorar los bajos niveles de cualificación; de aumentar la educación no formal basada en la experiencia profesional adquirida; y de potenciar las acciones de formación continua.

En el Plan Nacional de Acción por el Empleo deben establecerse unos objetivos cuantificados en materia de educación, que tiendan al menos, a la convergencia con la media europea (en cuanto a escolarización obligatoria para los niños menores de tres años, escolarización de jóvenes y formación continua en adultos, y abandono escolar prematuro).

En definitiva, para UGT los PGE-2004 deben significar un cambio en las prioridades de la polí­tica económica, que deben pasar a ser la mejora del empleo, en cantidad y calidad, la inversión, y en especial la realizada en innovación tecnológica, la educación y la mejora de la protección social, sin la cual no es posible que los avances en competitividad se traduzcan en bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Este cambio de estrategia exige relajar el objetivo de estabilidad presupuestaria que, interpretado con la rigidez actual, resulta dañino para nuestro desarrollo, y que ha lastado nuestro crecimiento en los últimos años.

En este sentido, los datos conocidos hasta ahora no permiten ser optimistas, puesto que presentan unos poco transparentes PGE, continuistas en lo sustancial, y que por tanto desatienden las partidas básicas para el desarrollo y el bienestar de nuestro paí­s, esforzándose más en plantear cifras que apoyen la habitual propaganda del Ejecutivo, pese a que no reflejen mejoras reales de su contenido.