Recientemente, los dos partidos polí­ticos mayoritarios en el Congreso español, el Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han llegado a un acuerdo sobre un conjunto de enmiendas presentadas por el PSOE para reformar la actual ley de extranjerí­a. Para Amnistí­a Internacional (AI), este acuerdo contiene algunas mejoras respecto al proyecto inicial presentado por el Gobierno; pero aún se mantienen graves limitaciones en los derechos humanos de las personas inmigrantes, de los refugiados y solicitantes de asilo, lo que aumenta el riesgo de tener una justicia de dos clases.

"Las autoridades españolas están obligadas a garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio, tengan éstas o no el status legal de residente o nacional. Esta reforma de la legislación de extranjerí­a es una nueva oportunidad para que las autoridades españolas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y personas migrantes", ha afirmado Esteban Beltrán, director de la AI en España.

El informe:"ESPAÑA: ¿Somos todos iguales ante la ley?", que la organización de derechos humanos presentó hoy 26 de septiembre recoge con preocupación que la desigualdad ante la ley de todas las personas que se encuentren en territorio español pueda profundizarse con esta nueva reforma.

Preocupaciones Generales al proyecto de reforma de la ley de extranjerí­a

Amnistí­a Internacional lamenta que la nueva reforma:

– Siga sin garantizar el derecho a la asistencia letrada gratuita de los extranjeros con independencia de su situación administrativa, incluidos polizones; pese a la sentencia del pasado mes de mayo del Tribunal Constitucional en la que se reconocí­a este derecho para los inmigrantes indocumentados en los mismos términos que para los españoles.

– No recoja garantí­as de protección para las mujeres inmigrantes indocumentadas ví­ctimas de violencia doméstica, ya que son ellas las que más obstáculos encuentran para acceder a las redes de protección integral.

– No contemple la posibilidad de otorgar visados a quienes necesiten salir de su paí­s para pedir asilo. Al igual que tampoco recoge que la exención de visado se pueda aplicar a aquellas personas que no pueden volver a su paí­s para regularizar su situación debido a la existencia de un conflicto armado.

– No reconozca el derecho de reunión, asociación, manifestación y derecho a huelga de todos los extranjeros sean o no residentes; cuando todos los instrumentos internacionales de derechos humanos prevén que todas las personas podrán gozar de estos derechos, sin tener en cuenta nacionalidad, raza, sexo o cualquier otro motivo de discriminación.

– Incorpore la caducidad del empadronamiento de los extranjeros en España al cabo de dos años, lo que limita el único cauce existente hasta el momento para visualizar a las personas que habitan en un determinado municipio, y permitirles con ello, el acceso a los derechos fundamentales como sanidad, educación o ayudas sociales de emergencia.

Amnistí­a Internacional también reconoce ciertas mejoras en la reforma en curso como el permiso de residencia independiente para las mujeres inmigrantes ví­ctimas de violencia de género que han llegado ví­a la reagrupación familiar, la autorización de residencia por motivos humanitarios o por colaboración con la justicia sin necesidad de visado, y la creación de un Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia.

Sin embargo, AI en el informe presentado hoy realiza una serie de recomendaciones que pretenden ayudar a las autoridades españolas a garantizar una protección efectiva de los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y personas inmigrantes.

Recomendaciones de Amnistí­a Internacional

AI no se opone al derecho de los Estados a controlar su inmigración y reconoce que tienen derecho a regular la entrada de los extranjeros en su territorio. Sin embargo, le preocupa que el control de la inmigración pueda impedir que los refugiados soliciten asilo y que, por tanto, obtengan protección para no ser devueltos a un paí­s donde corren el riesgo de ser ví­ctimas de violaciones de derechos humanos. Por ello, la organización recomienda que:

– se ratifique la convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y de los miembros de su familia.

– se incorpore una garantí­a expresa del derecho a la asistencia letrada de los extranjeros.
– se reconozca expresamente el derecho de reunión, asociación y manifestación de todos los extranjeros sean o no residentes.

– se arbitren mecanismos para proteger a las mujeres inmigrantes victimas de violencia de género.
– desaparezcan los obstáculos que se imponen a las personas migrantes para

acceder al padrón.

– se elabore un plan estatal de lucha contra el racismo.
– no se impongan sanciones a las compañí­as transportistas que traigan solicitantes de asilo.
– que se establezcan garantí­as adecuadas de protección para las personas beneficiarias de protección internacional.

La organización de derechos humanos espera que todas estas recomendaciones puedan subsanarse durante el tramitación del proyecto de la nueva reforma de la Ley de Extranjerí­a en las Cortes Generales.