El dí­a 10 de marzo de 1997 fue desalojado la emblemática casa okupada situada en la calle Marqués de Ahumada nº 7, conocida como La Guindalera. Fueron detenidas las 98 personas que se encontraban en su interior así­ como 64 personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa (algunas de ellas protestando pací­ficamente por el desalojo y otras ni siquiera eso), acusándose a todas ellas de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Decenas de personas fueron lesionadas en el momento de su detención.

Las 168 personas detenidas sufrieron hacinamiento, malos tratos, coacciones y vejaciones a su paso por diferentes Comisarí­as de Madrid hasta casi agotarse el preceptivo plazo de 72 horas.

El dí­a 1 de octubre, 6 años y medio después de los hechos (se ha intentado hipotecar la vida de estas personas durante más de 6 años, para muchos un tercio de su vida, vulnerándose así­ el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas), comienza la vista oral contra 52 de estos jóvenes, a los que la Fiscalí­a solicita penas que ascienden a 323 años de cárcel (6 años y 10 meses para 36 personas y 4 años y 10 meses para los 16 restantes).

Así­, se solicitan 176 años de cárcel por delito de atentado para los 52 acusados, cuando únicamente resultaron 3 policí­as heridos levemente. Se solicitan a todos 104 años por delito de desórdenes públicos, cuando la gran mayorí­a de los acusados únicamente protestaban pací­ficamente por el desalojo. Se solicitan 43 años por daños a la propiedad privada, creando la ficción de que todos los acusados cometieron todos los daños.

Al mismo tiempo la Fiscalí­a no ha tenido el mí­nimo interés en depurar responsabilidad alguna por los malos tratos denunciados por los detenidos, tanto en el momento de su detención, como en su paso por las Comisarí­as.

Nunca en la historia post franquista de este paí­s se habí­a detenido a un número tan grande de personas en una sola mañana y por un mismo motivo, en lo que, a todas luces, pretendió ser un golpe de efecto contra el llamado "movimiento okupa" , que en aquellos momentos comenzaba a tener un apoyo social sin precedentes. Por la sala de vistas desfilaran cerca de 200 testigos (50 de ellos funcionarios policiales), tras lo cual, es de esperar que se haga justicia, y se dicte una sentencia unitariamente absolutoria.

Endika Zulueta S.S. Abogado