En el marco del Consejo Nacional del Clima, las organizaciones ecologistas han insistido repetidamente en la necesidad urgente de encarar el ahorro y la eficiencia energética ya que, al contrario de lo que está ocurriendo en la mayorí­a de los paí­ses europeos, en España está aumentando la intensidad energética; esto es, para producir cada unidad de Producto Interior Bruto (PIB) utilizamos cada vez más energí­a. Esta preocupante tendencia tiene un gran impacto negativo en el medio ambiente.

Por otra parte, nuestro paí­s se aleja cada vez más del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Protocolo de Kioto y esto va a tener unas consecuencias económicas graves pues, al no ser capaz de reducir sus emisiones, en algún momento tendrá que comprar derechos de emisión de otros paí­ses que hayan logrado un superavit de reducción. Nuestra economí­a estarí­a entonces seriamente comprometida.

Las emisiones de gases causantes del cambio climático se generan en un 80% durante los procesos de producción y consumo de energí­a. Para su reducción sólo existen, pues, dos ví­as: producir de modo más limpio (energí­as no contaminantes como la solar, eólica o biomasa) y consumir menos energí­a, que debe ser la meta de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

Así­ pues, las organizaciones sociales tienen el derecho de participar en la elaboración de la estrategia propuesta por el Gobierno y ver si es capaz de cumplir sus fines, por qué métodos y a que costes económicos, sociales y ambientales.

Pero este derecho a estar informado no es sólo un deber democrático, sino una obligación legal dentro de la UE, merced a la Directiva 2003/35/CE, de 26 mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente (Convenio de Aarhus). La Estrategia en cuestión es un programa con medidas polí­ticas que afecta al medio ambiente y, según la directiva, el público está constituido por "las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor del medio ambiente".

Según la información que se ha hecho pública, para llevar a cabo la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética se va a dedicar una inversión pública de 1.895 millones de euros para 9 años, poco mas de 200 millones al año, y con ello pretenden movilizar 24.000 millones de inversión privada, unas previsiones muy optimistas a la vista del escaso dinero que se presupuesta.