La respuesta del mundo debe ser inequí­voca. Si Colombia se toma en serio los derechos humanos, no puede permitir que conocidos criminales escapen a la justicia a cambio, en la práctica, de un cheque. Actualmente, Colombia es el tercer paí­s, después de Israel y Egipto, que recibe más ayuda militar de Estados Unidos, y tiene asignados más de 700 millones de dólares para el año fiscal 2004. Colombia también recibe un apoyo significativo a sus programas humanitarios de la Unión Europea y de paí­ses donantes individuales.

Las atrocidades deben conllevar una pena de cárcel. Si los paramilitares no aceptan los términos que incorporan la obligación de Colombia de enjuiciar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas deben buscarlos y capturarlos y el Gobierno debe llevarlos ante la justicia.

Permitir que conocidos criminales eludan cualquier castigo real por sus crí­menes no sólo no fomenta la paz, sino que debilita el Estado de Derecho y fomenta nuevos actos de violencia. Colombia tiene una historia descarnada en este sentido. Los anteriores tratos con criminales han permitido un agravamiento del conflicto, un aumento del saldo de ví­ctimas mayoritariamente civiles y el empleo cada vez mayor de tácticas brutales por parte de los grupos armados activos en el paí­s. Es esencial que se garantice que cualquier acuerdo incluirá el castigo por crí­menes contra los derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta el precedente que puede sentar.

Antecedentes

El 15 de julio, el grupo paramilitar más numeroso del paí­s, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acordó desmovilizar a 13.000 combatientes paramilitares y sus lí­deres antes del 31 de diciembre de 2005. El acuerdo de Santafé de Ralito, que debe su nombre al lugar donde se celebraron las negociaciones, fue firmado por nueve lí­deres paramilitares, seis representantes del Gobierno y tres representantes de la iglesia católica colombiana.

El Gobierno de Colombia ha reiterado su promesa a la comunidad internacional de que estas conversaciones no se saldarán con la impunidad de las personas que hayan cometidos graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo de Santafé de Ralito, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, desveló que el Gobierno habí­a acordado la introducción de legislación que permitirí­a a los paramilitares condenados por graves crí­menes contra los derechos humanos hacer pagos en metálico en lugar de cumplir las penas de cárcel. El 21 de agosto de 2003, el Presidente Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley al Congreso para formalizar esta oferta.

"En vez de que sea cumplida en una cárcel, que haya penas alternativas y puedan hacer acciones de reparación social", dijo Restrepo en una entrevista con El Tiempo, el periódico de mayor tirada de Colombia.

El proyecto de ley autorizarí­a al Presidente a designar cuales de los paramilitares que han cometido atrocidades podrí­an obtener una suspensión de sus condenas. A cambio, el condenado aceptarí­a ciertas restricciones de su libertad personal, tales como permanecer en Colombia y no ostentar ni presentarse a un cargo público. Lo más importante, sin embargo, es que las personas condenadas por graves crí­menes contra los derechos humanos podrí­an pagar una cantidad de dinero o transferir bienes a las ví­ctimas de las atrocidades o a un fondo gubernamental para las ví­ctimas en lugar de cumplir una pena de cárcel.

El proyecto de ley no cuenta con disposiciones que garanticen investigaciones imparciales o enjuiciamientos serios. No existen incentivos para promover que el acusado diga la verdad sobre los crí­menes cometidos, especialmente si están implicados funcionarios del Gobierno u oficiales militares aún en activo. Tampoco se proponen mecanismos que permitan que las ví­ctimas de las atrocidades apelen la decisión presidencial de designar a los que pueden obtener una suspensión de sus condenas.

En cambio, con una simple orden presidencial se garantizarí­a a criminales reconocidos y condenados que no pasarán un solo dí­a entre rejas. Esto supone en la práctica que se permitirí­a que los violadores de los derechos humanos eludan a la justicia mediante la extensión de un cheque.

Los estados tienen la obligación de enjuiciar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Comité de Derechos Humanos, el organismo internacional encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, ha declarado en su Comentario General sobre las obligaciones legales de los Estados Parte (artí­culo 2): ... los Estados Partes habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles, efectivos y ejecutables para reivindicar esos derechos. El Comité atribuye considerable importancia a que los Estados Partes establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. "¦ Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales.

Human Rights Watch cree que para que un Estado cumpla su obligación de enjuiciar a los que cometen graves violaciones de los derechos humanos, las penas impuestas deben garantizar que realmente se ha "impartido justicia" a los responsables.

Los propios lí­deres paramilitares han resaltado la oferta del Gobierno en entrevistas con la prensa. "Nosotros no estamos negociando pensando que vamos a ir a la cárcel", dijo Salvatore Mancuso a El Espectador. Entre otros delitos, Mancuso ha sido condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de El Aro de 1997, que se describe más adelante.

Los lí­deres paramilitares han cortejado desde entonces a la prensa con la intención de reconvertirse en combatientes pro gubernamentales cuyos principales objetivos son los guerrilleros, no los civiles. Sin embargo, como ha documentado continuamente Human Rights Watch, los paramilitares tienen un horrible historial de masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones de combatientes capturados, tortura y mutilación, saqueo, desplazamiento forzado y amenazas de muerte.

Las tropas paramilitares continúan operando con la tolerancia y, con frecuencia, el respaldo de ciertas unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia. En 2001, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a los paramilitares en su lista oficial de Organizaciones Terroristas Extranjeras, donde seguí­an cuando se escribió este informe.

Conexiones con el narcotráfico

Los funcionarios del Gobierno de Colombia creen que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño, Mancuso y las AUC han establecido "una alianza extremadamente cercana" con los narcotraficantes, lo que incluye áreas antes controladas por la guerrilla. Los narcotraficantes han financiado a las AUC y les dan refugio en sus ranchos, algo que niegan sus lí­deres. Los servicios de inteligencia colombianos calculan que el 40 por ciento de las exportaciones totales de cocaí­na del paí­s están controladas por los paramilitares y sus aliados en la mafia del narcotráfico y que es "imposible distinguir entre paramilitares y narcotraficantes".

Los paramilitares también han atacado y asesinado a funcionarios del Gobierno de Colombia que participaban en operaciones antidroga, entre ellos agentes de la Policí­a Nacional. En 1997, por ejemplo, los paramilitares que protegí­an un camión que transportaba cocaí­na se vieron envueltos en un tiroteo con la Policí­a en San Carlos de Guarda, Meta, que se saldó con la muerte de 11 agentes.

En septiembre de 2002, Estados Unidos presentó una solicitud de extradición de Castaño y Mancuso, su compañero en la dirección de las AUC, en relación con cinco cargos por conspiración para importar cocaí­na al paí­s.

Una historia de impunidad
Continua en:
http://www.hrw.org/spanish/press/2003/colombia_chequera.html