Los salarios crecen de forma moderada (el 3,2% por trabajador y mes), cifra coherente con las recomendaciones del Acuerdo para la Negociación Colectiva 2003 firmado por los agentes sociales.

Los salarios, por tanto, colaboran en la reducción de la inflación y suponen un coste asumible por las empresas, que tienen margen suficiente para crear empleo y consolidar un nivel de beneficios adecuado. UGT insta al Gobierno a que, en vez de culpabilizar a los salarios adopte una polí­tica de precios adecuada (el único aumento positivo de salarios para el Gobierno es el que provoca la pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores). En este sentido, el sindicato defiende la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los convenios, porque son consecuencia de una inflación descontrolada y nunca su causa.

Los datos del Índice de Costes Laborales (ICL) correspondientes al segundo trimestre del año, ponen de relieve que los crecimientos salariales en nuestro paí­s mantienen un ritmo de crecimiento moderado que permite reducir la inflación y supone unos costes asumibles para las empresas, dejando márgenes de maniobra suficientes para que éstas eleven el ritmo de creación de empleo y consoliden un nivel de beneficios adecuado.

Esta realidad, sin embargo, viene distorsionada en cierta medida por alguna de las cifras que presenta el ICL, que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas. Así­, el dato referido al aumento anual del coste laboral por trabajador y mes en pagos totales, 4,6% en este segundo trimestre, no refleja en absoluto cuál está siendo la evolución de los salarios en la actualidad, básicamente por dos razones:

–  en primer lugar, porque recoge la evolución de los llamados "otros costes", que en realidad son costes no salariales, que están creciendo a un ritmo del 5,5% anual, y que incluyen la incidencia de pagos como algunas prestaciones directas (incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido), pagos compensatorios (dietas, pluses, finiquitos, etc.) y las cotizaciones sociales. Descontando estos componentes, ajenos a los salarios efectivamente pactados, el coste salarial por trabajador y mes creció el 4,2%;

–  pero, además, esta cifra incluye los pagos atrasados, que recogen los efectos no sólo de las cláusulas de revisión salarial (que tienen una mayor incidencia en el primer trimestre), sino de otros pagos salariales de carácter extraordinario (bonos, pagas extra, de beneficios, incentivos, etc.), que deben excluirse por ello del análisis de lo que constituye la retribución más estable del trabajador, y que es la que refleja la tendencia real de las remuneraciones salariales en nuestro paí­s. Descontados estos componentes extraordinarios, el aumento salarial por trabajador y mes ha sido del 3,2%.

Por tanto, el aumento salarial ordinario real es tan sólo ligeramente superior al 3%, cifra coherente con la evolución de los salarios en la negociación colectiva, que está registrando idénticos incrementos de las retribuciones de los trabajadores, y consecuencia a su vez del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC) firmado por los agentes sociales.

En definitiva, se siguen registrando aumentos salariales moderados, que están colaborando a la reducción de la inflación, como viene sucediendo en los últimos años (el IPC anual es en la actualidad del 3%).

Por todo ello, resulta inadmisible que desde el Gobierno, máximo responsable de una polí­tica económica que se ha mostrado incapaz de frenar las tensiones inflacionistas permanentes en nuestro paí­s, y que propone año tras año unas previsiones de inflación que nadie toma en serio y que incumple flagrantemente, se pretenda desacreditar esta situación de manifiesta moderación de los crecimientos salariales, lo que viene a demostrar que para el Ejecutivo el único aumento positivo de los salarios es el que provoque la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Por último, hay que recordar que las cláusulas de revisión salarial, objeto permanente de las crí­ticas tanto por parte del Gobierno como de algunos empresarios, son un elemento imprescindible para poder negociar los incrementos salariales en base a la previsión oficial de inflación, lo que supone un activo indudable de nuestro sistema de negociación, y que sólo se activan si la inflación real supera a la prevista, por lo que es una consecuencia de la inflación descontrolada y no su causa.

La responsabilidad, por tanto, del efecto de las cláusulas (que tan sólo sirven para que se cumplan lo que libremente pactan los trabajadores y las empresas) es del Gobierno que se muestra incapaz de cumplir sus propias previsiones y de las empresas que elevan sus márgenes de beneficio aprovechando situaciones de falta de competencia por la ví­a de elevar el precio de sus productos.