El Gobierno ha realizado el ejercicio burocrático al que nos tiene acostumbrados todos los años y ha elaborado un Plan de Acción Nacional para el Empleo 2003 sin compromisos concretos, ni aportaciones novedosas y sin comprometer más recursos (el número de acciones que recibirán los demandantes de empleo se reducen en 2003 respecto a 2002 de 1,45 a 1,40 acciones por demandante por término medio).

El Gobierno no ha dado participación adecuada a los agentes sociales y ha ignorado por completo las aportaciones sindicales que perseguí­an tres objetivos claros:

el pleno empleo (la tasa de empleo general y la tasa de empleo de las mujeres deben llegar al 67% y al 57%, respectivamente, en 2005); el aumento de la calidad del mismo y la productividad del trabajo (reduciendo la precariedad y siniestralidad laboral); y la cohesión e inclusión social, avanzando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y la inserción sociolaboral de colectivos especí­ficos (inmigrantes, discapacitados, personas en riesgo de exclusión social).

Por tanto, el Plan del Gobierno no reúne los requisitos para cumplir con los objetivos marcados en la Estrategia Europea de Empleo y desde luego, no cuenta con la aprobación de UGT.

UGT no apoya el Plan Nacional de Acción para el Empleo 2003, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, tanto por la forma de participación dada a los agentes sociales y la nula receptividad a sus aportaciones, como por la ausencia de compromisos concretos .

Cuando se deberí­a haber aprovechado la nueva etapa de la Estrategia Europea de Empleo para reflexionar sobre los escasos resultados conseguidos por el ciclo de 5 años transcurridos (1998-2002), en orden a dar solución a los más graves problemas de nuestro mercado de trabajo, el Gobierno continúa realizando un ejercicio burocrático, reuniendo en un mal llamado Plan toda una serie de actuaciones y propuestas que no son otra cosa que el compendio de lo que, año tras año, vienen realizando el INEM y otros ámbitos de las Administraciones Públicas.

No se vislumbren aportaciones novedosas con motivo de la Estrategia Europea de Empleo, es decir, no se cumplen las Recomendaciones y Directivas que desde la Unión Europea se hacen a nuestro paí­s para mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo.

Los sindicatos, elaboramos con anterioridad a la redacción del primer borrador del Plan del Gobierno, una serie de aportaciones que pretendí­an, en lí­nea con las exigencias de las Directivas europeas, que el Gobierno concretara sus compromisos con la consecución de tres objetivos globales y claros: el pleno empleo, el aumento de la calidad y la productividad del trabajo y la cohesión y la inclusión sociales.

En concreto exigí­amos que se fijaran para este Plan los objetivos de incremento de la tasa de empleo global, la tasa de empleo global y la tasa de empleo de las mujeres (que deben llegar al 67 por ciento y 57 por ciento, respectivamente, en 2005).
La tasa de empleo de los mayores de 55 años debe llegar al 50% en 2010. Como se sabe, la tasa de empleo femenina es especialmente baja en nuestro paí­s (42%), manteniendo una diferencia de 13 puntos con la media europea actual y de 15 puntos hasta alcanzar el objetivo intermedio del 57% en 2005. Nada de esto hay en el Plan del Gobierno.

También exigí­amos la concreción del número de plazas de guarderí­as y escolarización (de manera que se puedan alcanzar los objetivos europeos de que al menos el 33% de los niños menores de 3 años tengan plaza de guarderí­a, y el 90% de los de entre 3 y 6 años estén escolarizados en 2010); objetivos concretos en materia de formación permanente de adultos y medidas contra el fracaso escolar, que el gasto en I+D alcance el 3% del PIB en 2010; la reducción sustancial de las diferencias entre hombres y mujeres; y las tasas de precariedad y siniestralidad laboral.

Todos ellos objetivos fijados en las Directivas, de los que está muy lejos nuestro mercado laboral y que son imprescindibles para incrementar el empleo, mejorar su calidad y permitir la incorporación de las mujeres al trabajo.

Hemos hecho, además, aportaciones concretas en cuanto a medidas para reducir la desigual situación laboral de las mujeres, reducir el elevado número de contratos temporales, incrementar los niveles de productividad del trabajo, mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, y promover la igualdad de trato y la inserción sociolaboral de colectivos especí­ficos (personas con discapacidad, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social).

Reiteramos que ninguna de esas aportaciones han sido recogidas en el Plan. Las partidas presupuestarias asignadas a los diferentes capí­tulos son los mismos de años anteriores con el incremento ordinario de la previsión de crecimiento de los PGE, en el mejor de los casos, y con el gasto distribuido entre múltiples instancias administrativas que se han resumido en el Plan y cuyo seguimiento será como cada año, prácticamente imposible.

Por otra parte, el número de acciones que recibirán los demandantes de empleo se reducen en 2003 respecto a 2002, de 1,45 a 1,40 acciones por demandante por término medio. Se hacen alusiones a Planes como el de Inclusión Social que, ya en sí­ mismos, tampoco tienen ninguna concreción. En cuanto al apoyo a la creación de empleo en el sector servicios y desarrollo de la Sociedad de la Información, se incluyen las actuaciones del Plan "España.es 2004. 2005", igualmente que en años anteriores se aludí­a al "Info XXI", cuyos resultados todo el mundo conoce que han sido prácticamente nulos.

En conclusión, el Plan aprobado por el Gobierno y que se presentará a la Comisión en Bruselas el próximo 1 de Octubre no reúne los requisitos para cumplir con los objetivos citados al principio de la Estrategia Europea de Empleo, ni se ha elaborado con la participación adecuada de los agentes sociales que exigen las Directrices de la misma Estrategia, por lo que un año más, no puede obtener nuestra aprobación.