CC.OO. considera que el Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNAE) aprobado por el Consejo de Ministros no responde a los problemas y déficits del empleo y del mercado laboral en España, ni tampoco a los retos de las nuevas directrices fijadas por la Comisión Europea para la elaboración de los PNAE de 2003, directrices que responden a tres objetivos globales, conseguir el pleno empleo, mejorar la calidad y la productividad del trabajo, y reforzar la cohesión y la inclusión social.

En lí­nea con estos retos, el PNAE del Gobierno deberí­a haber definido objetivos propios cuantificados, atendiendo a los aspectos que CC.OO., conjuntamente con UGT, considera prioritarios, dada la distancia negativa que España presenta respecto a la media de los paí­ses europeos: reducir la desigual posición laboral de las mujeres; reducir las altas tasas de temporalidad, especialmente de los jóvenes; incrementar los niveles de productividad del trabajo a través de la mayor inversión en formación, innovación y desarrollo tecnológico; y promover la igualdad de trato y la inserción sociolaboral de determinados colectivos, especialmente los trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

Las propuestas de actuación presentadas conjuntamente por ambas organizaciones sindicales en relación con estos problemas, no han sido tenidas en cuenta en el documento aprobado por el Gobierno. Así­, el PNAE aprobado, como ha sucedido en años anteriores, es la suma de medidas y programas que ya se vení­an desarrollando con el presupuesto económico asignado, sin que se produzca un incremento presupuestario especí­fico.

A pesar de ser éste el sexto año de aplicación de las directrices europeas y de su plasmación en medidas concretas en el PNAE, España todaví­a no alcanza los objetivos fijados ya en 1997 por la Comisión Europea para prevenir el desempleo de larga duración. Así­, las medidas de inserción realizadas en 2002 con los jóvenes que llevan menos de seis meses en desempleo y con los adultos que llevan menos de doce meses, alcanzan sólo al 66% de estos dos colectivos, cuando las directrices establecen que deben llegar al 100% de ambos grupos de personas desempleadas.

En promedio, cada una de las personas que sí­ fue atendidas, participó en 1,4 acciones (mayoritariamente de orientación para el empleo), una cifra que es incluso ligeramente inferior a la del año anterior y que demuestra que todaví­a se está muy lejos de desarrollar verdaderos itinerarios de inserción laboral.

Estos datos ponen de manifiesto que es imprescindible potenciar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, cuestión que se verá apoyada sin duda por la nueva Ley de Empleo que se está discutiendo actualmente en el Parlamento, pero que además requieren, inexcusablemente, de más personal para poder desarrollar una atención personalizada. En este sentido reclamamos que se produzca la contratación del personal adicional comprometido para el año 2003, un total aproximado de 1.500 personas, sin esperar al primer semestre de 2004.

CC.OO. manifiesta su desacuerdo con el nivel de participación dado a los interlocutores sociales en la elaboración del PNAE, una participación que apenas se puede calificar de testimonial y que se limita a la última fase de elaboración del documento final, sin que haya habido previamente información sobre el nivel de desarrollo y evaluación de las medidas contenidas en el PNAE de 2002.