En una carta firmada por los responsables de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, las cuatro organizaciones ecologistas han solicitado a la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstí¶m, una reunión urgente para exponerle las graves consecuencias ambientales y sociales que tendrí­a la construcción del puerto industrial en Granadilla, al sur de Tenerife.

El proyecto del nuevo puerto de Granadilla incumple el Derecho Comunitario. Una de las irregularidades más graves atañe a la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre. El puerto industrial supondrá graves afecciones en dos zonas incluidas dentro de la red Natura 2000 europea por el Gobierno canario.

Según se especifica en esta Directiva, las autoridades nacionales sólo podrán declararse de acuerdo con un proyecto que afecte a lugares incluidos en la red Natura 2000, tras haberse asegurado que no causan perjuicio a su integridad, pero en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado ambientalmente viable el puerto aun cuando tiene constancia de los graves perjuicios ambientales que ocasionará, ya que existen numerosos informes de diferentes Universidades que así­ lo confirman.

Por otra parte, la falta de justificación de la necesidad de llevar a cabo el nuevo puerto, exigido por la Directiva de Hábitats, es otra prueba evidente, pues aunque la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife afirma que existe un gran aumento de la intensidad de tráfico, este hecho, de probarse cierto, podrí­a ser subsanado con la ampliación del puerto del norte de la isla, pero, inexplicablemente, el Ministerio de Fomento ha rechazado esta alternativa.

Los apoyos a este proyecto están desvaneciéndose, y polí­ticos canarios, que en un principio apoyaron el proyecto, comienzan a expresar su rechazo.

El Gobierno español ha solicitado financiación para este proyecto, pero la Unión Europea no puede conceder fondos a un proyecto que incumpla las directivas ambientales europeas.

Por otra parte, las "medidas compensatorias" incorporadas a la Declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente son técnicamente imposibles, tal como lo demuestran los informes realizados por expertos en ecologí­a marina y dinámica litoral de la Universidad de La Laguna (Tenerife), y muestran una clara falta de rigor técnico y cientí­fico.

Ante esta situación, los grupos ecologistas han solicitado a la Comisaria de Medio Ambiente que reciba a una comisión de representantes de las asociaciones ecologistas para explicar detalladamente todos estos aspectos.