Los abogados provenientes de varias Comunidades Autónomas coinciden en apreciar las dificultades que existen para sancionar a los infractores de la legislación de protección del medio ambiente tanto la referente al medio natural como la de tipo industrial o urbano.

En 1983 se introdujo en el Código Penal la protección del medio ambiente, que fue ampliada en 1995 con diversos tipos delictivos.
Recientemente el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva reforma del Código Penal de 1995 que, entre otros muchos aspectos de su contenido, modifica algunos de los delitos contra el medio ambiente. Los cambios, básicamente, se reducen a la disminución de las penas en los delitos contra la flora y la fauna y a la introducción de un nuevo delito sobre maltrato grave de animales domésticos.

En efecto, el proyecto de reforma del Código disminuye las penas previstas para los delitos 332 (daños a la flora amenazada), 333 (introducción de especies no autóctonas), 334 (caza, daños o comercio de especies amenazadas), 335 (caza de otras especies) y 336 (empleo de medios destructivos para la caza). La disminución afecta no sólo a las penas de privación de libertad, sino también a las de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar. Esta última era antes por un perí­odo de 3 a 8 años y ahora, según los casos, de 1 a 3 o de 2 a 4.

Todo ello a pesar de que según la Memoria de la Fiscalí­a General del Estado los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio crecieron un 24% en 2002. Frente a esta situación existe una notable falta de medios y de voluntad de aplicación de la legislación por parte de las administraciones medioambientales y de la Administración de Justicia.

Ecologistas en Acción elaboró el pasado año un Informe sobre la situación de las Fiscalí­as de Medio Ambiente que poní­a de manifiesto que sólo habí­a fiscales especializados en medio ambiente en 18 de las 50 provincias del Estado español, en muchos casos sin formación especí­fica y dedicación exclusiva. Y allí­ donde hay fiscales de este tipo, no tienen suficientes medios (policí­a judicial, ecotoxicólogos adscritos...) para investigar estos delitos. Los casos se complican cuándo las infracciones ambientales las cometen empresas importantes que cuentan con potentes medios de defensa jurí­dica, posibilidades de contratar peritos y con una notable capacidad de presión sobre las autoridades.

Los abogados ecologistas consideran también un problema la escasa voluntad para aplicar la normativa de las distintas administraciones ambientales (tanto Consejerí­as, como Concejalí­as o el propio Ministerio) y su falta de colaboración en los procesos de investigación judicial. Un aspecto particularmente grave es las dificultades que encuentran en muchos casos para conseguir información sobre medio ambiente (datos sobre vertidos, contaminación, gestión del agua...) a pesar de que una ley de 1995 obliga a que la administración se la proporcione a cualquier ciudadano. Por ello, Ecologistas en Acción se ha visto obligada a editar una guí­a práctica sobre el acceso a la información ambiental que permite a los ciudadanos conocer las claves jurí­dicas para exigirla.