En una carta abierta, la secretaria general de Amnistí­a Internacional, Irene Khan, ha instado a todos los candidatos presidenciales de Guatemala a situar los derechos humanos en el centro de su programa polí­tico y a condenar públicamente todo acto de violencia cometido por sus partidarios en el periodo previo a las elecciones nacionales, previstas para el próximo 9 de noviembre.

Amnistí­a Internacional ha manifestado: "Los derechos humanos son esenciales para el futuro desarrollo polí­tico, económico y social de Guatemala. Para que el paí­s cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, hay cuestiones clave, como los compromisos contraí­dos en los acuerdos de paz, el fortalecimiento del sistema de justicia, los planes relativos a los activistas y otros grupos como las mujeres, las violaciones de derechos humanos que sufren estos activistas y grupos, y los planes para reformar el ejército, que deben ocupar lugares destacados en el programa de los candidatos".

La organización ha subrayado: "Uno de los principales desafí­os para todos los candidatos guatemaltecos es hacer saber a sus propios electores y a la comunidad internacional cómo van a actuar exactamente para alcanzar estas metas fundamentales".

En un informe que acompaña a la carta y que también se ha hecho público hoy (Guatemala: Legitimidad en peligro. Derechos humanos y elecciones 2003), Amnistí­a Internacional expone sus motivos de preocupación respecto a la práctica de la violencia en ví­speras de las elecciones. Entre los principales motivos de preocupación se encuentran las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con las elecciones y la intimidación y las amenazas contra dirigentes de partidos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos. La organización pide asimismo a la comunidad internacional que haga cuanto esté en su mano para llamar la atención hacia las violaciones de derechos humanos que amenazan las elecciones a la presidencia y al Congreso de Guatemala y para lograr que se les ponga fin.

Las irregularidades y la violencia electoral han caracterizado tradicionalmente la contienda polí­tica en Guatemala. En esta ocasión, la tensión relacionada con la candidatura a la presidencia del general Efraí­n Rí­os Montt (acusado de genocidio y crí­menes de lesa humanidad) ha dado lugar a un enfrentamiento directo entre sus partidarios y sus detractores.

Amnistí­a Internacional ha añadido: "La crisis polí­tica, electoral y judicial que se está fraguando podrí­a poner a prueba la fortaleza de muchas instituciones guatemaltecas, y poner en duda la credibilidad misma de las elecciones. Pedimos a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y los ciudadanos corrientes de todo el mundo que emprendan una serie de acciones que, según confiamos, pondrán freno a esta violencia y permitirán al electorado guatemalteco acudir libremente a las urnas y votar al candidato que prefieran".

La organización ha concluido: "El papel de las delegaciones extranjeras que observarán las elecciones para determinar su grado de legitimidad es especialmente crucial. Pedimos a esas delegaciones que examinen cuestiones como la intimidación y la violencia, el derecho de los votantes al voto y el fraude tanto en las votaciones como en los resultados finales".

En su carta y sus recomendaciones a los candidatos presidenciales guatemaltecos, Amnistí­a Internacional los insta a hacer pública su postura sobre las siguientes cuestiones y a emprender acciones respecto a ellas si son elegidos:

– la reactivación de los acuerdos de paz de 1996 y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH);
– el fortalecimiento del sistema de justicia y el fin de la impunidad;
– las reformas de las fuerzas armadas y del sistema de seguridad nacional, tal como establecen los acuerdos de paz;
– el apoyo a los defensores de los derechos humanos y la manera de garantizar su seguridad;
– la lucha para poner fin a la violencia y la discriminación contra las mujeres;
– la mejora de las condiciones de los sectores rural e indí­gena de Guatemala;
– la ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes y de las recomendaciones de la comunidad internacional, por ejemplo las formuladas por la serie de relatores especiales de las Naciones Unidas que han visitado Guatemala en los últimos años;
– el cumplimiento de los principios, decisiones y resoluciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Información general

El general Rí­os Montt gobernó Guatemala desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, durante el periodo más represivo de la campaña de contrainsurgencia emprendida por el ejército a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Por el papel que desempeñó en las matanzas dirigidas por el ejército, que según ha considerado la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) guatemalteca (promovida por la ONU) constituyeron genocidio en cuatro zonas concretas del paí­s, el general se enfrenta a demandas judiciales tanto en su paí­s como en el extranjero por genocidio y crí­menes contra la humanidad.

El papel desempeñado por el general Rí­os Montt en las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante los años del conflicto ha sido ampliamente documentado por la CEH. Amnistí­a Internacional considera que las conclusiones de esta Comisión son motivo suficiente para impedir que el general pueda optar a un cargo público destacado. Además, en virtud de la Constitución guatemalteca de 1985, que establece que ninguna persona que haya participado en un golpe de Estado, ni ningún familiar suyo, puede presentarse como candidata a la presidencia, el general Rí­os Montt no puede ser candidato. Pese a ello, la Corte de Constitucionalidad ha permitido la candidatura del general alegando que el golpe de Estado que en 1982 lo llevó al poder tuvo lugar antes de la entrada en vigor, en 1985, de la actual Constitución.

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