La organización ecologista Greenpeace ha expresado su más profunda preocupación por las últimas actuaciones de la Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y responsable de hacer cumplir la Ley de Costas.

Sus dos últimas actuaciones, al servicio de los intereses de empresas privadas, reflejan muy poco interés por el cuidado de la costa. Se trata del visto bueno para la ampliación de dos puertos deportivos: el P.D. Luis Campomanes en Altea (Alicante), y el de Segur de Calafell en Tarragona.

En el primer caso, la empresa Marina Greenwich SA., promotora de la propuesta de ampliación del Puerto Deportivo de Altea, ha conseguido en tan sólo tres años que le aprueben un proyecto lleno de errores y carencias, y acompañado de una gigantesca operación inmobiliaria. La empresa no presentó la totalidad de los documentos exigidos por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y por la Ley de Costas. Tampoco justificó la necesidad de la ampliación con datos reales. A pesar de ello, y de que, en teorí­a, estos requisitos son indispensables, han conseguido que tanto el Ministerio de Medio Ambiente, como la desgraciadamente desaparecida Consellerí­a de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, aprueben este macro-proyecto.

No resulta fácil entender el desprecio que muestra Medio Ambiente por la conservación de este tramo de litoral. En el propio proyecto se reconocen los daños que se ocasionarán a la pradera submarina de fanerógamas de la especie Posidonia oceanica presente en las ricas aguas de Altea (1) y considerada como la auténtica joya del Mediterráneo. La solución propuesta no resulta creí­ble más que para los padrinos del proyecto: "transplantar" las matas de posidonia. Algo que jamás se ha hecho y que los cientí­ficos desaconsejan. A pesar de ello, la Dirección General de Costas accede a esta propuesta carente de cualquier rigor cientí­fico, desacreditándose como institución responsable de velar por el cuidado de la costa.

El segundo caso, la "remodelación" del puerto de Segur de Calafell, en la costa de Tarragona, es otro ejemplo del poco interés por el cuidado de la costa manifestado por el Ministerio de Medio Ambiente. La denominada "remodelación", cuyas obras acaban de comenzar, hará que la playa de esta localidad pierda 300 metros de longitud, ya que el arenal será dividido en dos partes, privatizandose un tramo de la misma. La unión del actual puerto-isla con la playa creará una "rica" franja de cemento de cerca de 6.500 m2 destinados a la construcción de locales comerciales de hasta 11 metros de altura "“ ya vendidos casi en su totalidad - y 800 plazas de aparcamiento. Pero el Ministerio de Medio Ambiente parece más interesado en la operación inmobiliaria que en garantizar la supervivencia de una playa.

"La Dirección General de Costas deberí­a cambiar su nombre y pasar a llamarse "Privatización General de Costas". Sus actuaciones son vergonzosas" declaró Marí­a José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.