Intermón Oxfam y Veterinarios sin Fronteras han denunciado hoy, coincidiendo con la visita a Madrid de Hipólito Mejí­a, presidente de República Dominicana, que a pesar del acuerdo alcanzado la semana pasada entre su gobierno y Unión Fenosa sigue sin resolverse el principal problema de la población dominicana: el acceso a un servicio eléctrico digno. Este acuerdo supone la venta de las participaciones de Unión Fenosa en sus dos filiales dominicanas Edenorte y Edesur al gobierno dominicano.

En los últimos 40 años la población dominicana ha venido padeciendo del problema de la falta de energí­a eléctrica hasta el punto de que para los más jóvenes se trata de un mal irremediable. Los apagones, como popularmente se denomina al corte en el suministro eléctrico, han sido parte consustancial de la vida dominicana.

Las familias dominicanas soportan una de las tarifas más elevadas del continente americano "“entre 145 y 150 dólares/MWh (en noviembre de 2002 en España el precio medio ascendí­a a 28,29 euros/MWh)"“ por un servicio eléctrico deficiente. La educación y la atención sanitaria sufren graves limitaciones por los apagones y su impacto sobre el coste de los servicios. Por ejemplo, en un centro de Salud de Santo Domingo sólo hay suministro eléctrico entre las seis de la tarde y el amanecer. Para asegurar su funcionamiento han tenido que comprar un generador eléctrico y para recuperar la inversión se han visto obligados a aumentar un 20% las tarifas que cobran a los pacientes. Hace unos meses un proyecto de comercialización financiado por Intermón Oxfam a tres socias de Femugue se quemó entero por sobrevoltaje, perdiendo el local y toda la mercancí­a. Todaví­a no han recibido respuesta de Edeeste, distribuidora participada por AES Corporation, una empresa norteamericana de energí­a.

Unión Fenosa entró en el sector eléctrico dominicano en 1999 con la adquisición Edenorte y Edesur, distribuidoras de electricidad en las zonas norte y sur tras la reforma llevada a cabo por el Gobierno siguiendo los consejos del BID y del BM. El sistema eléctrico entró en crisis a causa de los conflictos e incumplimientos de las distribuidoras, generadoras y gobierno, además de la subida de precios del petróleo y de la devaluación del peso. Cuando el gobierno dominicano eliminó los subsidios cruzados, las tarifas aumentaron más de un 40% en pocos meses, se multiplicaron los apagones y las quejas generalizadas de los usuarios fueron desatendidas. En la primavera y verano de 2002, la población dominicana, indignada, se lanzó a la calle para protestar por la situación. En seis meses hubo 505 paros contra los apagones, 368 arrestos y 8 personas muertas, incluidos dos menores.

El deficiente servicio eléctrico perjudica especialmente a las familias más pobres. Una mujer de Barrio Nuevo en Moca, clienta de Edenorte, afirmaba: "Consumo muy poco porque sólo tengo una nevera, un abanico y cuatro bombillos y, sin embargo, me llega una factura mensual de 1.000 pesos (aproximadamente 30 euros). No puedo pagar esta cantidad. Además, no entiendo de dónde sale esta cifra: cada mes cobran lo que quieren. Encima sufrimos apagones durante 12 horas diarias". Esa tarifa supone casi una cuarta parte de la renta media en esa zona (equivalente a algo más de 120 euros). Otra mujer de Barahona, clienta de Edesur afirmaba: "El exceso de voltaje me ha estropeado el frigorí­fico, he ido a protestar a Edesur y ni siquiera me han querido atender. Además, en el barrio tampoco llega el agua porque ésta llega por bombeo eléctrico. Estamos peor que antes: el servicio de las distribuidoras es igual de malo y nos cobran tarifas mucho más altas."

Estos son algunos de los datos que aporta la investigación sobre El impacto de la situación del sector eléctrico en la población dominicana que están llevando a cabo conjuntamente Intermón Oxfam y Veterinarios sin Fronteras. La investigación, todaví­a en curso, apunta una responsabilidad compartida de distribuidoras, generadoras y gobierno, y demanda que estos actores asuman sus responsabilidades y busquen soluciones. La salida de Unión Fenosa del paí­s demuestra el fracaso del sistema eléctrico establecido en 1999 y exige un esfuerzo por encontrar una solución que asegure el acceso de la población más vulnerable a un servicio eléctrico digno. Intermón Oxfam y Veterinarios sin Fronteras solicitamos al gobierno dominicano y a Unión Fenosa que tengan en cuenta el posible impacto del acuerdo de salida en la futura configuración del sector eléctrico dominicano y, especialmente, sus consecuencias para la población más vulnerable.

Frente a esta situación Intermón Oxfam y Veterinarios sin Fronteras proponen:

Buscar fuentes energéticas alternativas al petróleo. La repentina subida del petróleo unida a la depreciación del peso dominicano ha precipitado la desestabilización del sistema eléctrico.

El gobierno y el sector privado deberí­an definir un plan de electrificación rural, especialmente en la zona norte del paí­s, para asegurar el servicio eléctrico en la región más pobre.

El gobierno, generadoras y distribuidoras deberí­an establecer un calendario con objetivos cuantitativos de reducción de apagones, incluyendo un servicio mí­nimo de electricidad al dí­a (la población reivindica un mí­nimo de 18 horas diarias), y revisar los programas ya existentes dirigidos a los barrios pobres para mejorar su alcance. Por otra parte, se debe invertir en las redes eléctricas para evitar los sobrevoltajes, reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema.

El gobierno deberí­a revisar la cadena de generación, transmisión y distribución de electricidad para equilibrar los beneficios y obligaciones entre los diferentes actores de la misma. El organismo encargado de proteger los derechos del consumidor eléctrico debe ser más efectivo, ya que la mayorí­a de las familias incluso desconoce su existencia. Los clientes deben tener acceso a plantear quejas y reclamar sus derechos.

Es urgente un plan para reducir las tarifas y adecuarlas a la realidad económica de las familias dominicanas y se necesitan planes especí­ficos para renegociar y condonar las deudas contraí­das a las que no pueden hacer frente.