Otro curso más la Plataforma por la Escuela Pública de Madrid se ve obligada a denunciar ante la opinión pública el agravamiento de los problemas de la educación en nuestra Comunidad. De nuevo se conculcan los principios constitucionales de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27.4), derecho a la educación (Art. 27.1) y programación general de la enseñanza (Art. 27.5), entre otros.

Desde las organizaciones que formamos la Plataforma, cuyo principio es defender la calidad de la Escuela Pública, queremos manifestar el lamentable inicio de curso 2003/2004, con faltas de plazas públicas, barracones en sustituciones de centros nuevos, masificación en las aulas, obras sin terminar, etc.

La enseñanza de carácter básico (Art. 9 de la actual ley en vigor, LOCE), Primaria y Secundaria, ha dejado de tener carácter gratuito. Lo atestigua la práctica habitual, curso a curso, por medio de subterfugios y sin control por parte de la Administración, de cobrar cantidades a las familias de los alumnos que estudian en los centros con concierto educativo. Este cobro, que varí­a según los centros, lo promueve directamente la patronal y establece una clasificación socioeconómica de hecho, por la ví­a educativa, del conjunto de los ciudadanos.

La situación descrita y su efecto de reducir la educación a mera mercancí­a es una de las causas de la disminución del número de alumnos y de unidades en los centros de titularidad pública, los únicos con gratuidad efectiva y total.

Los problemas acumulados en la educación de la Comunidad de Madrid se agravan en estos momentos. Entre otros son:

–  Aumento sin fin del número de alumnos con dificultades en centros de titularidad pública, mientras la patronal de centros concertados realiza una selección de hecho. Esto perjudica tanto a la practica docente de profesores y maestros como a la educación de los propios alumnos. La reserva de plaza establecida para este fin ha resultado finalmente demagógica, como era de esperar, por la practica habitual de sobre matriculación, en los centros de la patronal, consentida por la propia Administración.
–  Falta de plazas en centros públicos cuando a las empresas, favorecidas por la ausencia de centros públicos, les resulta de interés establecer la competencia en base a intereses exclusivamente económicos: 22.000 solicitudes sin plaza en las Escuelas Infantiles Públicas, desviadas a la oferta privada.
–  Fracaso, en la práctica, de medidas populistas como las aulas de enlace, concebidas para integrar a los emigrantes pero que se han mostrado ineficaces y han generado numerosos problemas.
–  Desví­o de recursos al negocio educativo para hacer posible el déficit cero: reducción del dinero del Plan de Compensación Educativa sin reversión a los centros públicos (incremento en el número de conciertos, congelación de becas y reducción de comedores, etc.)

Por último y sin querer ser exhaustivos, añadir a lo anterior la regresión a tiempos pasados que supone la medida de hacer de la religión una asignatura evaluable, en contradicción con lo manifestado en el Art. 27.3 de la Constitución sobre actuación de los poderes públicos en relación a la formación religiosa de los ciudadanos.

También necesario decir aquí­ que una parte de los centros concertados, aquellos que tienen verdadera vocación de servicio público y actúan sin ánimo de lucro, acaban sufriendo parecidos problemas que los centros públicos.

Por todo esto la Plataforma por la Escuela Pública de Madrid exige a las autoridades responsables de la Comunidad la puesta en marcha de medidas que restituyan de forma inmediata a todos los ciudadanos los derechos que en relación con la educación se les sustraen y degradan de forma continua.