PP y PSOE han pactado el contenido de la cuarta reforma de la Ley de Extranjerí­a. Desde UGT, y por lo que respecta a la inmigracion laboral, no podemos por menos que señalar que los aspectos acordados no resuelven los problemas más acuciantes de los trabajadores inmigrantes y de las migraciones laborales. La reforma es incompleta en su contenido, en tanto no aborda estas cuestiones. Pero, además continúan perviviendo, en la misma, aquellos aspectos más difí­ciles de aceptar para UGT.

El PP y el PSOE han acordado el contenido de la cuarta reforma de la Ley de Extranjerí­a. Este hecho es positivo por cuanto deberí­a implicar que la inmigración no será utilizada como argumento electoral, tal como ha sucedido en los últimos años con negativas consecuencias para la convivencia y la integración de los ciudadanos extranjeros no comunitarios.

Sin embargo, un verdadero Pacto en torno a la materia de inmigración ha de incluir, igualmente, a las organizaciones sindicales y empresariales por lo que respecta la inmigración laboral. Y obviamente, el establecimiento de un modelo de integración homogéneo en el conjunto del Estado, para lo cual es necesario contar con las Comunidades Autónomas.

Partiendo de este principio, el acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos polí­ticos se nos antoja insuficiente para responder a las necesidades que hoy tiene planteadas la sociedad española, de la que forman parte los extranjeros no comunitarios. Es evidente que la Ley de Extranjerí­a es sólo uno de los instrumentos de la polí­tica de inmigración, pero que duda cabe de que es el que marca las directrices de esta polí­tica. En este sentido, UGT no está de acuerdo, como ha manifestado en reiteradas ocasiones, con que se aborden materias relacionadas con el ámbito laboral sin la participación de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos.

UGT considera que, hoy por hoy, los mayores problemas del ámbito laboral en relación con la inmigración son, por una parte, la necesidad de perfeccionar los instrumentos de regulación de flujos, tales como el contingente y los permisos de temporada, para que garanticen tanto los derechos de los trabajadores extranjeros como que su llegada responde a la falta de cobertura de empleos con condiciones de trabajo dignas Y por otra, encontrar soluciones a la situación de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, que por su especial vulnerabilidad, son presa fácil de la explotación laboral.

La situación de indefensión, la falta de denuncia ante la posibilidad de ser expulsados, está propiciando la existencia en nuestro mercado de trabajo de situaciones de abuso intolerables y es urgente y necesaria la búsqueda de soluciones consensuadas con los interlocutores sociales. Éste es el problema mas grave que, hoy por hoy, tenemos planteado en el ámbito laboral.

Para resolver estas situaciones, UGT considera que este acuerdo es inadecuado en sus contenidos e incompleto en cuanto a sus actores.

El visado para la búsqueda de empleo, criticado por nuestra Organización en el marco del contingente, no va a resolver ninguna de estas situaciones. Lejos de suponer, como se ha dicho, una apertura de fronteras, porque es obvio que estará sometido a normas y procedimientos, colocará además a los extranjeros no comunitarios en la tesitura de aceptar cualquier oferta de empleo para permanecer en el paí­s.

Nuevamente, se prescinde de cualquier consideración sobre la calidad del empleo ofrecido y de la regulación necesaria que, instrumentos como el contingente, aunque imperfectos y mejorables desde el punto de vista de UGT, estaban empezando a difundir entre los empresarios. La experiencia del visado para búsqueda de empleo utilizado para el servicio doméstico dentro del contingente no es para nuestra organización un ejemplo positivo, entre otras razones porque aleja el debate de la necesaria modificación de la regulación de este sector, para dotar a este trabajo de la dignidad necesaria.

Si partimos del principio de que la regulación de los flujos laborales ha de implicar garantí­as para los trabajadores, entre ellas la de disfrutar de unas condiciones de trabajo dignas, este modelo supone un dudoso medio de conseguirlo.

Por otra parte, y sin olvidar que el visado de búsqueda de empleo supondrá el establecimiento de un procedimiento que le dé cobertura legal, no podemos por menos que preguntarnos como piensa afrontarlo la Administración, con los recursos materiales y humanos de que dispone y que como siempre no está dispuesta a incrementar, si ha de garantizar tanto la búsqueda de empleo, como el retorno de los trabajadores en el caso de no conseguir un trabajo.

Todo ello teniendo en cuenta que la experiencia del servicio doméstico en el marco del contingente, se ha caracterizado por el tutelaje de los trabajadores cuya manutención y alojamiento ha sido subvencionada con fondos públicos. Es evidente que desde el punto de vista de UGT hay otros aspectos prioritarios a los que deberí­an dedicarse los fondos previstos para la materia de inmigración, entre otros, el ya mencionado de establecer medios para luchar contra la explotación laboral.

No podemos por menos que señalar la incongruencia que supone el hecho de que entre las medidas previstas en la reforma se encuentren las dirigidas a los transportistas, por ejemplo con la obligación de comunicación de que pasajeros que llegaron en condición de turistas, no han hecho uso de sus billetes de regreso, y la idea de un visado de tres meses para buscar empleo, en el transcurso de los cuales sin haber encontrado empleo deba retornarse al paí­s de origen. Por una parte, control, efectivo o no y cuestionable desde el punto de vista de UGT.

Pero por otra, permiso para entrar en el paí­s por tiempo limitado, el mismo que un turista, a través de un procedimiento cuyas garantí­as y desarrollo no están definidos. No es descabellado pensar que en caso de no encontrar una oferta de empleo, los trabajadores no regresen a su paí­s de origen, con lo que se obtendrá el mismo resultado que se trata de evitar con otras medidas.

Por otra parte, tal como señalábamos, es preciso abordar al mismo tiempo que la regulación de los flujos la materia de integración con el necesario concurso de las Comunidades Autónomas. No hay en nuestro paí­s un modelo de polí­tica de integración, que desde el punto de vista de UGT no puede basarse únicamente en la realización de programas subvencionados, ni una relación entre la llegada de nuevos ciudadanos y la adopción de las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

Respecto a la reforma de la Ley, UGT sigue considerando, tal como señaló en las consideraciones que hizo llegar a los grupos parlamentarios, que los puntos más graves de la misma por sus consecuencias futuras, son la posibilidad de acceso a los datos del Padrón por parte del Ministerio del Interior y la reforma de la Ley de Régimen Jurí­dico y Administraciones Publicas. Dos medidas que, además de separar a los extranjeros del principio de igualdad de trato, contribuirán a una mayor invisibilidad de la población irregular, y en consecuencia a seguir alimentando las situaciones de explotación laboral.