El 10 de setiembre de 2003, aproximadamente a las 10:30 de la mañana con violencia, rompiendo candados y azotando puertas, dos agentes identificados como Mauricio Rojas Cabrera y Fernando Salvador Gómez Rebollo de la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes (SCT), intentaron confiscar el equipo de la emisora comunitaria La Voladora en Amecameca, asociada de AMARC en el Estado de México.

Pese a que los abogados de la emisora reclamaron a los inspectores de la SCT que su oficio de inspección no era válido porque traí­a errores de ubicación de la radio, los inspectores haciendo uso de la fuerza y amedrentando al personal de la emisora con cámaras fotográficas y de video intentaron meterse hasta la cabina de transmisión, lo cual fue impedido por una valla humana, según consigna la representación de AMARC en México en un comunicado de prensa.

Inmediatamente los locutores de la radio empezaron a alertar a la población de lo que estaba sucediendo para que fueran en su apoyo y en ese momento su señal fue interferida con música. Dichos agentes al ver que no les serí­a permitido el paso se retiraron del lugar amenazando con regresar con la fuerza pública para confiscar el equipo.

Esto sucede a dos semanas (24 de agosto) de iniciado una Mesa de Trabajo con representantes de dicha Secretarí­a, junto a delegados de AMARC, la Unidad de Derechos Humanos de Secretarí­a de Gobernación, el Director gubernamental de la Radio y TV y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se habí­a comprometido recientemente ante las organizaciones de Derechos Humanos a solucionar la situación de las radios comunitarias y a encontrar las ví­as para su regularización.

Y el propio Subsecretario de Normatividad de Medios, José Durán Reveles, el 14 de agosto prometió a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), a la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a la Red Nacional de Protección a Periodistas y al Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), que no habrí­a ninguna agresión a las radios comunitarias hasta que se encontraran las ví­as de solución para que obtengan sus permisos.

Más allá de estas buenas intenciones, la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes (SCT) deja en claro su falta de voluntad para encontrar cauces de solución por la ví­a del diálogo, violentando los acuerdos alcanzados.

Ante esta amenaza, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias pide al Gobierno Federal mexicano que instruya a su Secretarí­a a no entorpecer ni sabotear el proceso de diálogo iniciado, iniciativa de la Secretarí­a de Gobernación que recibió el beneplácito del propio Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, en su reciente visita a México.

AMARC-ALC solicita a los organismos integrantes de la Mesa de Trabajo acelerar lo más rápidamente posible en el análisis y solución de la situación de las radios comunitarias mexicanas, dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados recientemente.

Asimismo, compromete al Gobierno Federal a proteger la integridad fí­sica de nuestros periodistas y material de sus equipos de radio, brindando las garantí­as necesarias para el ejercicio del derecho de libertad de expresión para los grupos ciudadanos que de manera corresponsable hacen posible el servicio público y social de sus comunidades a través de las radios comunitarias.