Que el Ministerio de Defensa y RENFE se encuentran entre los grandes terratenientes -de suelo de dominio público expropiado, en su dí­a, o cedido por los poderes locales, provinciales o regionales- que se comportan como voraces especuladores con el suelo público, no constituye novedad alguna. Tampoco el subterfugio de Defensa de "modernizar" las fuerzas armadas a costa del patrimonio público adscrito a ese ministerio, como demostró la ingente pelea que, encabezada por esta Federación de Asociaciones de Vecinos y las asociaciones de vecinos de las colonias militares, desarrollaron los inquilinos de Defensa -35.000 familias- contra la pretensión del anterior ministro, Eduardo Serra, de desalojarlos, primero, y de estafarlos, después, enajenándoles a precio de vivienda libre las viviendas de protección oficial de promoción pública directa que ocupaban "“contrariamente a lo ocurrido con los adjudicatarios de vivienda pública del resto de ministerios, institutos públicos o empresas municipales de la vivienda"”.

Ninguna novedad, pues, pero sí­ un vergonzoso escándalo que viene a colmar el vaso de las sucesivas liberalizaciones (reclasificaciones y recalificaciones) de suelo del Gobierno que, lejos de abaratar el precio de la vivienda (ese fue también el subterfugio utilizado para clasificar todo el suelo como urbanizable, cuyos resultados saltan a la vista), ha contribuido a acrecentar la acumulación especulativa del suelo en manos de los mismos que , a continuación, reciben la honorí­fica mención de "motor de la economí­a": las empresas grandes inmobiliarias con sus constructoras y entidades financieras incorporadas, o viceversa.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, abanderada en la lucha por la vivienda pública y la vivienda protegida y en la salvaguardia de los patrimonios municipales y públicos de suelo (cuyo destino, como marca la ley, debe ser la vivienda protegida o los equipamientos sociales) reclama de las administración autonómica y local correspondientes la intervención inmediata para evitar este expolio del patrimonio público: la apertura inmediata de expedientes expropiatorios sobre los suelos que Defensa pretende subastar y , en el caso de Alcorcón, la delimitación, en su caso, de un proyecto de interés regional que convierta tales terrenos en "bienes integrantes del patrimonio público de suelo" (artí­culos 173, 174y 176 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid).