El caso de Amina Lawal, que podrí­a ser condenada a morir lapidada por un tribunal nigeriano en aplicación de la ley islámica (shari"™a), por tener una hija fuera del matrimonio, ha despertado la sensibilidad y la solidaridad de nuestro paí­s, que se ha volcado en la campaña de recogida de firmas lanzada por Amnistí­a Internacional, al igual que ocurrió en el caso precedente de Safiya Hussaini, condenada a lapidación en octubre de 2001 y que fue finalmente liberada en marzo de 2002 gracias a la presión internacional.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), consideramos imprescindible recordar que no se trata, desgraciadamente, de dos casos aislados. La solidaridad que han recibido Safiya y Amina a miles de kilómetros no se repite en nuestro paí­s con cientos de ví­ctimas anónimas de prácticas como la ablación y en general la persecución de género. Desgraciadamente, la realidad es que cuando estas mujeres consiguen llegar a una frontera segura, como puede ser la española, las autoridades rechazan sistemáticamente sus solicitudes de asilo, negándoles una protección internacional que les salvaguardarí­a de situaciones como la que vive Amina Lawal y que, en estos casos sí­, está directamente en sus manos. Y ello a pesar de declaraciones institucionales de buenas intenciones en las que el Gobierno se ha comprometido a extender la protección internacional a las ví­ctimas de la violencia de género, sin que hasta el momento esto haya dado resultados prácticos.

La violencia contra las mujeres se ejerce diariamente en sus diferentes formas y constituye una forma de persecución reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que, sin embargo, no tiene en cuenta la administración al decidir sobre las solicitudes de asilo presentadas por mujeres que buscan protección internacional en nuestro paí­s. El pasado año, sin ir más lejos, ACNUR aprobó unas directrices encaminadas a orientar a los gobiernos y personas encargados de decidir sobre solicitudes de asilo, para garantizar una atención adecuada a las mujeres en los procedimientos para determinar la condición de refugiado, y que las solicitudes por motivos de género sean reconocidas como tales.

De acuerdo con la Convención de Ginebra, el solicitante de asilo "“ sea mujer u hombre- debe demostrar que tiene fundados temores de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión polí­tica. Dentro de este criterio, ACNUR subraya que hay formas de persecución especí­ficas de cada sexo, y reconoce que prácticas como la violación y otras formas de violencia de género, tales como la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital femenina, la violencia doméstica y la trata de personas constituyen mecanismos de persecución, ya sea por agentes estatales o particulares. Además, destaca la necesidad de incorporar la perspectiva de género a cada uno de los motivos de persecución señalados en la Convención de Ginebra, y exhorta a los Estados que todaví­a no lo han hecho, a garantizar la perspectiva de género en la aplicación del derecho de asilo.

CEAR desea sumarse al clamor internacional por la absolución de Amina Lawal, como máximo exponente en este momento de la persecución que atenaza a las mujeres y que en muchos casos les obliga a salir de sus fronteras en busca de protección internacional. Sea en conflictos armados, como el de la ex Yugoslavia, Ruanda y Burundi, donde la violación se convierte en un arma de guerra o en instrumento de genocidio, o bien al huir de prácticas tradicionales o leyes persecutorias, las mujeres refugiadas están doblemente expuestas por su condición de mujeres. Por eso CEAR considera impostergable que las autoridades españolas incluyan en la práctica la persecución de género entre los supuestos que otorgan derecho a la protección internacional.