La Generalitat de Catalunya marca la diferencia, con iniciativas legislativas y actuaciones consecuentes en defensa "de los derechos que corresponden a los extranjeros".

Si atendemos solamente a las cifras, la situación de los inmigrantes en Madrid es necesariamente difí­cil. Se ha pasado de 58.930 extranjeros residentes en 1991, a 650.000 o 658.000 actualmente. Es decir, en los últimos 12 años se han incorporado, con muchas dificultades, a la vida cotidiana madrileña cerca de 600.000 nuevos vecinos, suman ya mas de un 11,5 % de la población (5.625.019 al finalizar 2002).

Han llegado mayoritariamente en los 36 últimos meses, procedentes de paí­ses todaví­a no desarrollados, en retroceso económico acelerado, o con guerras civiles abiertas, de la mano de mafias organizadas, que abusan, con pingí¼e beneficio, del estado de necesidad en que se encuentran estas personas, tanto cuando salen de sus paí­ses de origen como al llegar a nuestra Comunidad.

No ha habido ninguna previsión administrativa para atender las necesidades más elementales de los inmigrantes que han escogido Madrid como destino de su proyecto migratorio. El Plan Regional para la Inmigración 2001-2003, pergeñado por la Consejerí­a de Servicios Sociales, trabaja con las cifras de julio de 2000 (248.173 empadronados), es únicamente asistencialista, no implica a las otras Consejerí­as, carece de recursos presupuestarios propios, por todo ello no incide sobre ninguna de las carencias realmente sentidas por los trabajadores extranjeros.

El Plan se ha limitado a reforzar mí­nimamente los servicios sociales básicos, con al incorporación de 48 mediadores interculturales, y ha establecido un servicio especí­fico para los inmigrantes, los CASI (Centros de Atención Social a Inmigrantes), que llevan aparejadas 480 plazas de alojamiento para la acogida de emergencia. La especificidad del servicio supone en realidad la instauración de una atención social paralela y excluyente, que no es asumida por la administración autonómica, ya que se utilizan organizaciones intermedias para llevarlo a cabo. Los 16 CASI van a ser gestionados por entidades privadas adjudicatarias, sin que estas sepan, realmente, cual es su papel dentro de la estructura y las actividades municipales que ya estaban en marcha.

La falta de previsión administrativa nos permite afirmar que, sobre todo el empleo, asunto de principal importancia por ser la inmensa mayorí­a de los inmigrantes madrileños trabajadores en edad laboral, pero también la vivienda, la escolarización, la participación en los asuntos municipales, en definitiva la integración social de los inmigrantes, es un problema aún sin resolver en Madrid

Las comparaciones son siempre odiosas, pero la Generalitat de Cataluña que tiene un volumen de "nuevos vecinos inmigrantes" parecido al de Madrid, ha respondido al reto de forma más coherente: en el año 2000 se creó la Secretarí­a para la Inmigración, dependiendo del Departamento de Presidencia "para asegurar la ejecución de las actuaciones acordadas en esta materia". En junio de 2001, seis meses después de la entrada en vigor de la última Ley de Extranjerí­a, publicó el Decreto 188/01, que trata "De los extranjeros y su integración social en Cataluña". Allí­ se disponen las actuaciones que todas y cada una de las Consejerí­as debe llevar a cabo para facilitar "la total integración de los inmigrantes extranjeros en la sociedad catalana". Es decir se asume como objetivo gubernamental la aplicación de la Ley de Extranjerí­a en Cataluña.

Compromiso, este último que resulta impensable para la Administración madrileña, demasiado dependiente de las polí­ticas estatales y policiales al respecto, y que ha impuesto el Plan Regional para la Inmigración como un escaparate polí­tico, una cortina de humo frente a las condiciones que soportan los trabajadores inmigrantes y sus familias en la vida cotidiana de los barrios y pueblos de Madrid.