El libre comercio en México ha supuesto una caí­da espectacular de los ingresos de los productores locales de maí­z, un cultivo que es parte esencial de su cultura y su dieta, sobre todo entre las capas más pobres. Según el informe "Dumping sin fronteras" que hoy presenta Oxfam Internacional, los precios del maí­z en el mercado mexicano han descendido un 70% desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se aceleró la apertura a las importaciones procedentes de Estados Unidos. Desde entonces, México se ha visto inundado por un maí­z que, gracias a las subvenciones de Washington, se vende a unos precios artificialmente bajos.

La caí­da de precios ha afectado a los quince millones de mexicanos que dependen del cultivo de maí­z. Un campesino de Puebla necesita en la actualidad cinco kilos de maí­z para comprar un litro de gasolina, cuando hace 10 años apenas hací­a falta un kilo. En estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, un 70% de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema y, en muchos casos, la emigración hacia EE.UU es la solución elegida para intentar escapar de esta situación. "Hay una relación directa entre las polí­ticas agrarias de Washington y la miseria rural de México", asegura Gonzalo Fanjul, del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam y autor del informe.

Las exportaciones de maí­z estadounidense a México se han multiplicado por tres desde principios de los noventa y ahora ocupan casi un tercio del mercado local. Según el documento de Oxfam, el subsidio real de la Administración de Bush a la exportación de este producto hacia México oscila entre los 105 y los 145 millones de dólares anuales, lo que supera los ingresos de 250.000 productores en Chiapas.

EE.UU se gasta en ayudas gubernamentales a su sector del maí­z más de 10.000 millones de dólares al año, una cifra que multiplica por diez el presupuesto agrario global de México. Los principales destinatarios de este dinero son un pequeño grupo de terratenientes y grandes gigantes agroalimentarios como Cargill o Acher Daniels Midland, dos empresas que controlan el 70% de todas las exportaciones estadounidenses de maí­z. Una quinta parte de los productores más ricos concentra la mitad de las ayudas al sector. "Esto desmonta el mito propagado por la Administración estadounidense de que las subvenciones sirven para preservar las pequeñas explotaciones familiares rurales. En realidad, Washington está dando la espalda a sus pequeños productores", afirma Fanjul.

MALOS AUGURIOS PARA CANCúN

A principios de este año, el movimiento "El campo no aguanta más" reunió a más de 100.000 campesinos en la plaza del Zócalo de la capital mexicana y forzó al gobierno de Vicente Fox a plantearse restablecer barreras arancelarias a la importación de maí­z procedente del vecino del norte. Bastaron pocas semanas para que el gobierno estadounidense respondiera con una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra México por introducir medidas anti-dumping en los sectores del arroz y el vacuno. Para Fanjul, esto demuestra "la necesidad de una reforma a fondo de la OMC para que deje de ser el instrumento que permite a los poderosos actuar a sus anchas".

Sin embargo, el curso de los acontecimientos en las últimas semanas no augura nada bueno para los paí­ses en desarrollo en la próxima reunión ministerial de la OMC, del 10 al 14 de septiembre en Cancún (México). "Ni el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para liberalizar el comercio agrí­cola ni el nuevo borrador de declaración de Cancún aportan novedades para acabar con el dumping. Si esto no cambia, los gigantes comerciales seguirán subvencionando la exportación de productos agrarios. De hecho, los paí­ses en desarrollo ya han reaccionado de manera muy dura contra estas propuestas", sostiene Gonzalo Fanjul.

El documento "Dumping sin fronteras" propone las siguientes medidas para acabar con la crisis del maí­z en México:

Acordar un calendario para la eliminación completa de cualquier forma, directa o indirecta, de subsidio a la exportación de productos agrarios antes del 1 de enero de 2005 (cuando está previsto que acabe la actual ronda liberalizadora de la OMC).

El reconocimiento del derecho de los paí­ses pobres a proteger su sector agrario por razones de desarrollo y de seguridad alimentaria.

EE.UU debe introducir reformas en su sistema de apoyo al sector agrario que garanticen la sostenibilidad de la agricultura familiar y beneficien a los pequeños productores, minorí­as y mujeres, sin provocar daños a terceros paí­ses.
México debe impulsar la renegociación del TLCAN y recuperar su derecho a proteger los cultivos que considere esenciales para su desarrollo y su seguridad alimentaria.