Amnistí­a Internacional (AI) solicita al Gobierno español que, el 29 de agosto en Consejo de Ministros, tramite las extradiciones de militares argentinos necesarias para continuar con el proceso judicial abierto por la Audiencia Nacional. Un proceso que investiga a los autores de crí­menes de lesa humanidad, como asesinatos, "desapariciones" y torturas, cometidos en Argentina durante el perí­odo de gobierno militar de 1976 a 1983.

La organización de derechos humanos ha recogido con satisfacción la decisión tomada por la Cámara de los Diputados y aprobada por el Senado argentino de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas también como leyes de amnistí­a. Estas leyes que han impedido la investigación de millares de casos de abuso contra los derechos humanos ocurridos durante dicho periodo.

Amnistí­a Internacional advierte que la lucha contra la impunidad en Argentina está aún pendiente de que la Corte Suprema de dicho paí­s tome una decisión final sobre la constitucionalidad o no de las leyes de amnistí­a tras el fallo reciente de otros tribunales del paí­s que las han declarado nulas e inconstitucionales.

Por ello, AI recomienda al Gobierno español que se tramiten las extradiciones necesarias para garantizar que los presuntos responsables de dichos crí­menes sean juzgados, o bien en España, o bien en Argentina, una vez que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre la revocación de las leyes de amnistí­a.

Amnistí­a Internacional considera que "el poder judicial argentino debe seguir el positivo ejemplo de los poderes ejecutivo y legislativo y, de conformidad, además, con el derecho internacional, declarar también inconstitucionales las leyes de amnistí­a".

Información general
Aprobadas por el Congreso argentino en 1986 y 1987, respectivamente, las leyes de Punto final y Obediencia Debida han obstaculizado la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno militar en Argentina. Aunque se revocaron en marzo de 1998, se consideró que tal medida no tení­a efecto retroactivo, por lo que las leyes seguí­an siendo aplicables a los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo militar.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha manifestado que las amnistí­as y demás medidas que hagan posible la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el gobierno argentino en 1983, documentó 8.960 casos de "desaparición" ocurridos durante dicho periodo de gobierno militar e indicó que la verdadera cifra podrí­a ser aún más alta.