Greenpeace ha sido informado por la Comisión Nacional de Energí­a (CNE) de la decisión adoptada de este organismo el 22 de julio, de abrir expediente sancionador a Endesa Generación y Tarragona Power (consorcio entre Iberdrola y RWE) por comenzar la construcción de sendas centrales térmicas de ciclo combinado de gas de 400 MW en la provincia de Tarragona, sin las preceptivas autorizaciones. Esta decisión de la CNE ha sido motivada por la queja que Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción (miembros respectivamente, de los Consejos Consultivos de Electricidad e Hidrocarburos de la CNE) dirigieron a este organismo tras constatar la ilegalidad de las actuaciones de estas dos empresas.

Las obras de construcción de estas centrales térmicas comenzaron antes de junio de 2002 (momento en que Ecologistas en Acción presentó una denuncia por el inicio de estas obras ante la Fiscalí­a de Tarragona), y por lo tanto mucho antes de que se emitiera la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La DIA para el proyecto de la central de Iberdrola y RWE se publicó en el Boletí­n Oficial del Estado a principios de julio y la relativa a la central de Endesa el 21 de agosto.

"Es lamentable que mediante la polí­tica de hechos consumados se sigan violando las leyes de protección del medio ambiente y de la libre competencia por parte de las grandes compañí­as eléctricas, que infringen las leyes para la construcción de centrales térmicas de cambio climático"- declaró Emilio Rull, responsable de energí­a de Greenpeace.

"Esta no es una situación aislada, algo parecido sucede con la central térmica de Iberdrola de 1.600 MW en Arcos de la Frontera. El Gobierno debe no sólo ser estricto en el cumplimiento de las leyes sino replantearse completamente la polí­tica energética" - añadió Rull.

Greenpeace considera necesario que se establezca una moratoria de construcción de centrales térmicas de combustibles fósiles mientras el ahorro y la eficiencia y las renovables no sean la base del sistema energético. Como demuestran los datos, el Gobierno no hace casi nada por racionalizar el consumo de energí­a y fomentar la eficiencia energética de nuestro sistema productivo. La demanda de energí­a crece de forma descontrolada, al tiempo que se incrementan incesantemente las emisiones de CO2 y vamos bajando en niveles de eficiencia. De hecho, en los últimos años España necesita emplear cada vez más unidades de energí­a por unidad de PIB, lo que demuestra que es cada vez más ineficiente en su consumo energético, al contrario que la inmensa mayorí­a de los paí­ses de la Unión Europea.

Así­ mismo, todaví­a queda pendiente un debate solicitado por los representantes ecologistas en los Consejos Consultivos de Hidrocarburos y de Electricidad de la CNE, sobre el trato de favor a Iberdrola para construir centrales térmicas saltándose la moratoria que se le impuso en el año 2000.

Iberdrola, que supera el 20% de la capacidad de producción de electricidad en el sistema peninsular, debí­a limitar su presencia en el mercado eléctrico para facilitar la competencia. Este teóricamente era el objetivo del muy publicitado Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia de bienes y servicios, promulgado por el Gobierno del Partido Popular en junio del 2000. En teorí­a dicha compañí­a no podrí­a aumentar su presencia en el mercado eléctrico hasta pasados 3 años. Sin embargo, mediante la polí­tica de hechos consumados, Iberdrola tiene hoy en construcción nada menos que 4.800 MW de nuevas centrales térmicas.

"Exigimos que se imponga una verdadera moratoria a todos los proyectos de centrales térmicas, de todas las empresas, y que se cumpla" "“ concluyó Emilio Rull.