El Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que el Gobierno pretende aprobar de manera inminente, pese a tratarse de dos normas fundamentales no han sido negociadas con los sindicatos más representativos y contienen algunos aspectos que son plenamente rechazables.

El Estatuto Marco, una norma que los más de 450.000 trabajadores sanitarios públicos llevan esperando desde hace 16 años, es imprescindible para regular las condiciones básicas del conjunto de profesionales y trabajadores del Estado. Sus objetivos son dotar de coherencia las distintas condiciones de trabajo, posibilitando la movilidad entre los distintos Servicios Autonómicos y garantizando la permeabilidad del conocimiento como una de las garantí­as de calidad y equidad del Sistema Sanitario Público. Sin embargo, frente a esto, se presenta como una norma sin consensuar y que profundiza la atomización de las condiciones de trabajo.

Por su parte, la Ley de Ordenación contiene incorrecciones técnicas de bulto: excluye a grandes grupos de profesionales, cede la responsabilidad del Estado en la acreditación y criterios de Carrera Profesional a entidades tan cuestionadas como los Colegios Profesionales.

En opinión de la Federación de Sanidad de CC.OO., se pretende imponer la desregulación de la jornada de trabajo, sin contemplar el descanso necesario después de turnos de veinticuatro horas, y posibilitando la acumulación de los descansos semanales en cómputos de hasta tres meses. Además, se "dinamitan" los distintos acuerdos de reducción de jornada que se vienen alcanzando en casi todas las Comunidades Autónomas para los trabajadores/as sanitarios. Se dice trasponer normativa Europea olvidando que ésta se dictó para garantizar la Salud Laboral de los profesionales y la calidad en la asistencia sanitaria.

Además, se pretende aplicar este sistema de jornada también a la Sanidad Privada Concertada y la Red Privada de Utilización Pública. Para el Ministerio de Sanidad ha dejado de existir toda la normativa laboral y los Convenios Colectivos.

En materia de empleo se elimina de un plumazo la causalización de la contratación temporal que, simplemente, se regirá en su incorporación y cese por el criterio arbitrario del gestor de turno. La promoción interna y temporal, desde 1999 regulada para todo el Estado, se esfuma en los textos que conocemos. Si a esto unimos que serán los Colegios Profesionales los que determinarán los criterios de Carrera Profesional y sus consecuencias retributivas y funcionales para los profesionales y trabajadores de la Sanidad Pública, la arbitrariedad está servida.

Para CC.OO., especialmente grave es el establecimiento, por ley, de los contratos por horas y sin derechos sociales para la cobertura de guardias y atención continuada, "arrasando" con lo que se va consiguiendo en la mayorí­a de las Comunidades Autónomas para superar estos modelos contractuales.

Por otro lado, la forma de tramitar ante el Parlamento estas dos normas fundamentales, por la ví­a "rápida" y aprovechando los meses de verano, supone para CC.OO. sencillamente una falta de respeto a los sindicatos que llevamos años proponiendo alternativas.

En conclusión, la Federación de Sanidad de CC.OO. no acepta ni el contenido ni la forma en que se presentan ambas leyes, por lo que de no iniciarse un proceso que evite la desregulación y la definitiva atomización del Sistema Nacional de Salud, llamará a movilizaciones generalizadas a todos los trabajadores del sistema sanitario nada más comenzar el "curso parlamentario".