En la Comunidad de Madrid, la variación mensual del IPC correspondiente al mes de julio es inferior al descenso de la media nacional (-0,6%), situándose en el -0,4%.

No obstante, la inflación madrileña (0,9%) en lo que va de año es superior a la nacional (0,6%).

Por otra parte, las inflaciones interanuales de nuestra Comunidad Autónoma y del Estado son coincidentes (2,8%).

El efecto que las rebajas ha tenido a través del grupo de vestido y calzado sobre el IPC a nivel nacional no parece ni siquiera sentirse en la Comunidad de Madrid, donde con Baleares, Cantabria y Navarra es una de las Comunidades donde la incidencia de la bajada en el mes de julio es menor.

Esta inflación interanual del 2,8%, que nos coloca por encima de la mayorí­a de las tasas de inflación de los paí­ses europeos, tiene especial incidencia sobre aquellos trabajadores que dependen de rentas como las del Salario Mí­nimo Interprofesional (SMI), y que afecta a colectivos con situaciones más desfavorecidas y entre los que se encuentran trabajadores no afectados por la negociación colectiva, perceptores del subsidio por desempleo y asalariados cuyas rentas utilizan como referencia el SMI (afectados por prestaciones del Fondo de Garantí­a Salarial, perceptores y rentas mí­nimas de inserción o salarios sociales).

Todos ellos se ven inmersos en una espiral decreciente de ingresos año tras año, con pérdida de poder adquisitivo en la medida que el Gobierno no actualiza el SMI nada más que en función de una previsión de inflación que nunca se cumple.

En la Comunidad de Madrid se agrava la capacidad de estas rentas citadas, ya que tienen que afrontar un marco de precios más altos que la media en cualquiera de sus necesidades básicas (alimentación, transporte, enseñanza, vivienda etc.), ya que èstas componen aquellos grupos del IPC que más suben.

En la Comunidad de Madrid la brecha entre el "coste de mercado" de un salario medio y la percepción, desactualizada e injusta, que supone el SMI, con 526,4 euros/mes (incluido en esta cantidad el prorrateo de las pagas extras) significa una brecha del 77,3%, algo injusto e injustificado y que en nuestra región afecta a 200.000 trabajadores y trabajadoras.