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Casi un millón y medio de trabajadores perciben salarios inferiores a 600 euros.
Recibida de UGT-Confederal el 12-08-2003 a las 11:08

La política del Gobierno de no revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propicia la exclusión social.

Casi un millón y medio trabajadores perciben en España un salario inferior a 600 euros netos, según cálculos realizados por UGT sobre la base de la última Encuesta de Estructura Salarial, entre ellos los perceptores del Salario Mí­nimo Interprofesional (SMI) que en 2003 están percibiendo una retribución anual de 451,20 euros por catorce pagas, cuantí­a equivalente al 40% del salario medio.

Para UGT la polí­tica del Gobierno en torno al SMI, que actualiza anualmente su importe ajustado estrictamente a la previsión oficial de inflación, está favoreciendo la exclusión social de este colectivo importante de trabajadores que tienen menos ingresos y que año tras año siguen perdiendo poder adquisitivo (6 puntos en los últimos cinco años).

Según estimaciones de UGT, extrapolando las cifras de la última Encuesta Estructura Salarial, realizada en 1995 y hasta ahora la única fiable para medir situación de los salarios en España, revela que alrededor de millón y medio de trabajadores cobran un salario inferior a 600 euros al año. De ellos, la mayor parte son perceptores del SMI, retribución que desde 1995 ha crecido un 11% menos que el salario medio de nuestro paí­s.

La polí­tica de "mí­nimos" que el Gobierno practica con el SMI está propiciando la exclusión social porque sólo actualiza estas retribuciones en función de una previsión de inflación oficial que nunca se cumple.

Así­, la cuantí­a del SMI no representa una garantí­a de rentas para los trabajadores que se encuentran en situaciones económicas y sociales más difí­ciles: los trabajadores no amparados por la negociación colectiva, los perceptores del subsidio de desempleo y los asalariados cuyas rentas utilizan como referencia este salario como es el caso de los afectados por insolvencias empresariales que perciben prestaciones del FOGASA, o los que perciben rentas mí­nimas de inserción o salarios sociales.

Con esta actitud el Gobierno, no sólo incumple las recomendaciones de la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe alcanzar el 60% del salario medio neto, y en España apenas alcanza el 40%, sino que vulnera permanentemente el Estatuto de los Trabajadores, que le obliga a una revisión semestral de este salario y por tanto, no garantiza siquiera la supervivencia digna de su preceptor y su calidad de vida.

UGT reclama al Ejecutivo que revise con carácter urgente e inmediato la cuantí­a del SMI para adecuarlo a la realidad de los precios de nuestro paí­s y establezca un mecanismo de revisión automática que amortigí¼e las carencias económicas de muchos trabajadores y sus familias.




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