Al mismo tiempo que el Ministerio de Fomento tramitaba el expediente administrativo contra Greenpeace por denunciar la entrada de madera ilegal en la Comunidad Valenciana, expediente que ha desembocado en una multa de 60.000 Euros, miembros de la organización ecologista han inspeccionado durante las últimas semanas la descarga de madera de varios buques que han llegado al Puerto de Valencia.

Según estas inspecciones, los barcos "Sassandra" (8 de julio), "Laura Delmas" (28 de julio), "Rossane" (30 de julio) y "Guan He Kou" (7 de julio) han desembarcado en el Puerto de Valencia madera procedente de empresas implicadas en escándalos de tala ilegal a gran escala en los bosques de Camerún.

Según los cálculos de Greenpeace algo más de 1000 metros cúbicos de madera procedente de empresas culpables de tala ilegal a gran escala en Camerún han sido desembarcadas en el Puerto de Valencia en los barcos mencionados. Esto supone el 12%, aproximadamente, de toda la madera desembarcada.

"El sector de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana deberí­a ser el primer interesado en frenar la tala ilegal e insostenible y conservar los bosques del planeta, pero hasta ahora, y salvo honrosas excepciones, sólo han dado muestras de irresponsabilidad y falta de criterios éticos", ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Activistas de Greenpeace han podido ver en los muelles del Puerto de Valencia madera procedente de la empresa Ingénière Forestière (con el logo Ing-F), empresa que está controlada por Frank Biya - hijo del presidente de Camerún Paul Biya. En el año 2000, Ing-F obtuvo por concurso dos grandes concesiones y subcontrató a empresas para su tala, algunas de las cuales están siendo perseguidas por el MINEF (Ministerio de Aguas y Bosques de Camerún) por su implicación en la tala ilegal a gran escala. En enero de 2002, el MINEF anunció que se habí­a multado a Ing-F con 1.490,640 FCA por cortar árboles por debajo del tamaño permitido y por cortar sin autorización árboles protegidos.

También se ha desembarcado madera procedente de la empresa de capital francés Société Forestière et Industrielle de la Doumé (SFID), perteneciente al Grupo Rougier en Camerún, grupo maderero involucrado en numerosas actividades madereras ilegales a través de sus filiales, socios y compañí­as.

Las actividades ilegales de SFID en la región de Djoum han sido documentadas y recogidas en el informe de la organización Forests Monitor . Según estas informaciones, en los dos últimos años las empresas de Rougier (SFID y SID) han estado implicadas directamente en la tala ilegal de madera que ha sido procesada por sus aserraderos y otros aserraderos relacionados con Rougier como TIB, cuya madera también ha sido desembarcada en el Puerto de Valencia.

Agricultores de la región de Miatta, a 30 kilómetros de la capital de Camerún, Yaoundé, han acusado a la empresa SFID de devastar sus plantaciones, estableciendo un precedente por el cual las infracciones cometidas por empresas francesas fuera de este paí­s pueden ser juzgadas por los tribunales franceses. El MINEF ha encontrado culpable a Justawe Bois, socio de SFID, de transportar madera sin documentos de transporte, imponiendo una multa a SFID de 150.000 F CFA (francos centroafricanos).

En enero de 2002 el MINEF anunció que se habí­a encontrado a SFID culpable de falsificar documentos CITES (Convenio Internacional sobre el comercio de especies amenazadas) para la exportación de Afrormosia, árbol amenazado y recogido en dicho convenio CITES. El MINEF ha abierto tres causas legales contra SFID sobre este asunto. Esta compañí­a ha sido multada con 11.055.240 F CFA y su licencia para exportar Afrormosia se ha suspendido durante 6 meses.

Greenpeace está presionando al Gobierno español para que afronte el problema de la entrada de madera ilegal por nuestras fronteras: primero, en el Parlamento Europeo, solicitando una ley que prohí­ba las importaciones de madera ilegal; y, segundo, incluyendo en la futura Ley básica de Montes el artí­culo (eliminado en el anteproyecto) relativo a la exigencia de un certificado de sostenibilidad para las importaciones de madera.

"No podemos tolerar por más tiempo la entrada de madera ilegal en los puertos europeos. La tala ilegal está conduciendo a la destrucción de los últimos bosques primarios y supone un robo a la gente y sus recursos" ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.