Perceptores del SMI y empleados públicos deben recuperar el poder adquisitivo

El Gobierno sigue sin controlar la inflación, pese al comportamiento moderado de los precios en julio, ya que en estos siete meses ha superado en tres décimas su irreal y ficticia previsión inicial del 2%. UGT insiste en que el Gobierno debe asumir su error, abandonar su actitud pasiva y planificar una estrategia antiinflacionista que permita hacer frente a las tensiones inflacionistas que está ocasionando la falta de competencia de determinados sectores y la práctica insolidaria de algunos empresarios empeñados en la rápida acumulación de beneficios empresariales. Para el sindicato, los salarios deben conseguir ganancias de poder adquisitivo que faciliten el consumo y reactiven la economí­a, por lo que es preciso que los empleados públicos y los perceptores del Salario Mí­nimo Interprofesional recuperen poder adquisitivo.

En el caso de estos últimos, UGT reclama al Gobierno que cumpla con la obligación que establece el Estatuto de los Trabajadores de actualizar semestralmente el SMI.

Datos básicos Mensual: 0,2, cuatro décimas menos que en julio del pasado año. Acumulada:2,3% superior ya en tres décimas a la previsión inicial del Gobierno para todo el año. Anual: 3,9%, tres décimas menos que en junio, pero todaví­a la más alta en un mes de julio desde 1995. Subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 3,5%, una décima menos que en junio, y la más alta en este mes desde agosto de 1996. Armonizado: 3,7%, cinco décimas menos que en el mes de junio. Situación del IPC en julio

Aumento mensual Inflación acumulada IPC interanual
1997 0,2 0,6 1,6
1998 0,4 0,9 2,2
1999 0,4 1,7 2,2
2000 0,6 2,4 3,6
2001 0,2 2,3 3,9

Comentarios Según lo previsto por la mayorí­a de los analistas, el IPC del mes de julio ha sido más moderado que en los meses precedentes y, como además en términos anuales descuenta el mes de julio del año pasado que, con un incremento de 0,6, fue el peor de 2000, la inflación anual ha descendido tres décimas, del 4,2 al 3,9%. Sin embargo, estos datos no permiten afirmar que la inflación haya iniciado ya una senda de moderación, por varias razones: primero, porque en términos anuales, el 3,9% de la inflación anual dobla prácticamente la previsión inicial de inflación del Gobierno y el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo para el área euro y mantiene un diferencial superior al punto con los paí­ses de la zona euro; segundo, y más importante, porque la inflación subyacente permanece anclada en el 3,5% (el descenso del 3,6 de junio al 3,5% de julio es sólo aparente por efecto del redondeo, ya que en julio de 2000 ha aumentado un 0,5%, igual cifra que en el mismo mes del año pasado). Esto significa que las tendencias inflacionistas estructurales, la inflación de fondo de la economí­a española, no han cedido todaví­a ni un ápice, y que la moderación de tres décimas en el IPC general es esencialmente fruto de los componentes más volátiles (carburantes y alimentos frescos): igual que antes fueron responsables de su ascenso, hoy lo son de su moderación. Pero la inflación estructural, la que mide las tensiones de precios propios de la estructura económica y la que marca la tendencia, aún no ha dado ni una muestra de moderación. Esta situación debe ser vista con preocupación porque a diferencia del pasado, en este año se han producido cambios sustanciales que deben tenerse en cuenta para valorar la evolución de los precios: mientras que a mediados de 2000 la economí­a española crecí­a a tasas muy elevadas, en este año se está produciendo una desaceleración ciertamente muy rápida en el crecimiento económico; de hecho, el PIB español con seguridad está creciendo en estos momentos menos del 3 por ciento, es decir por debajo del crecimiento potencial de nuestra economí­a; la demanda interna, tanto para inversión como de consumo, muestran incrementos modestos, ligerí­simamente superiores al 2%. En suma, en modo alguno estarí­an justificadas tensiones inflacionistas y mucho menos de la magnitud que se mantienen actualmente en la economí­a española. A ello hay que añadir que los costes salariales unitarios, que al descontar la productividad indican las posibles subidas de precios inducidas por los crecimientos de los salarios, estarí­an elevándose del orden de un 2,5%. Es decir, un punto por debajo de la inflación estructural y un punto y medio menos que el IPC general. Estos datos, en definitiva, indican que no hay razones que justifiquen, ni por el lado de la demanda ni por el de los salarios, el mantenimiento de tensiones inflacionistas de esta í­ndole.

Las razones hay que buscarlas en los comportamientos de sectores y empresas, servicios en particular, que han aprovechado de forma sistemática las subidas del petróleo y de los alimentos frescos para elevar precios y márgenes, incluso sin que sus costes se vieran en absoluto influidos por aquellas subidas. Todo ello en un entorno general de economí­a de competencia imperfecta que no pueden resolver las liberalizaciones, y de prácticas concretas de limitación de la concurrencia que sí­ podrí­an resolverse pero sólo con regulaciones y controles verdaderamente eficaces e independientes de los grupos económicos y del Gobierno. Ante este contexto, llama la atención la pasividad del Gobierno que parece considerar que lo mejor es que la inflación se corrija por sí­ sola. Sin tomar ni una sola medida. Esta actitud tiene sin duda costes. Como mí­nimo (aunque no sólo) los relativos a la existencia de un mayor plazo para la corrección de la inflación, para la reducción del diferencial con la UE y otras zonas del mundo, y por lo tanto una mayor pérdida de competitividad acumulada, y de crecimiento y empleo. En otro orden, el Gobierno, que marcó en los PGE en contra del criterio razonable de todos los analistas una previsión de inflación para 2001 irreal y ficticia, tiene que rectificar. Porque ya en julio se ha superado con una inflación acumulada del 2,3% la previsión para el conjunto del año.

El Gobierno debe reconocer su error y rectificar la previsión. Y sobre todo reparar el daño realizado a los perceptores del SMI y a los empleados de todas las AA.PP. A ambos grupos les aplicó, para la subida de sus respectivas retribuciones la previsión del 2%. En el caso del SMI, el Gobierno debe cumplir la ley.

El artí­culo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece con claridad que el Gobierno debe revisar semestralmente el SMI cuando se hayan producido desviaciones en las previsiones de inflación. Asimismo, no hay justificación alguna para que los empleados de las AA.PP. y servicios públicos tengan que sufrir todos los años el daño en su poder adquisitivo ocasionado por los errores del Gobierno en sus previsiones de inflación. Así­ pues, el Gobierno debe asegurar de inmediato la reparación del poder adquisitivo perdido por todos estos trabajadores.