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UGT EXIGE LA LEY ESTATAL DE PAREJAS DE HECHO
Recibida de UGT-Confederal el 16-08-2001 a las 03:08

La ambigí¼edad del Gobierno provoca discriminación
España sigue sin contar con una Ley Estatal de Parejas de Hecho, debido sin duda al doble juego que practica el Gobierno del PP con respecto a este tema. Con la aprobación de iniciativas en diferentes Comunidades Autónomas, intenta dar la imagen de un Gobierno "de Centro", pero con la paralización de la Ley estatal, logra frenar la efectividad de las mismas manteniendo la situación de discriminación, mostrando de esta forma su carácter extremadamente conservador.

La mayorí­a de los paí­ses de nuestro entorno, han reaccionado ante la demanda social de reconocimiento de las parejas de hecho, elaborando leyes que permiten el reconocimiento social y legislativo de los integrantes de estas uniones, regulando los derechos fiscales, económicos, sociales y laborales, logrando de esta manera la consecución del principio efectivo de la igualdad entre los ciudadanos En España el Gobierno intenta mantener un doble juego con respecto a este tema. Desde su planteamiento conservador, ha declarado en repetidas ocasiones que "la iniciativa popular nunca equipararí­a a las parejas de hecho con el matrimonio", "El Plan de Familia no incluirá a las parejas de hecho, porque no son una prioridad para el PP", postura que se radicaliza cuando se trata de uniones entre homosexuales. Pero ante el amplio consenso social que existe respecto a este tema, no serí­a polí­ticamente correcto ir en contra de la mayorí­a, optando de esta forma por una polí­tica ambigua. Presenta y acepta iniciativas legislativas en diferentes Comunidades Autónomas donde gobiernan, como en el Paí­s Valenciano, pero rechazan un proyecto legislativo estatal, como sucedió el 19 de Septiembre de 2000, en el que no aceptaron la Proposición de Ley de Parejas de Hecho avalada por la mayorí­a de los grupos parlamentarios. De esta forma a pesar de que en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas se han aprobado iniciativas legislativas que regulan la equiparación de derechos legales económicos y sociales de los miembros de estas uniones, pero la efectividad de las mismas se ve restringida al no estar transferidas determinadas competencias a las Comunidades.

El vací­o legal al que nos enfrentamos en esta situación está provocando situaciones cuanto menos "pintorescas" y desde luego discriminatorias, el reconocimiento de algunos derechos de estas personas puede depender de la Comunidad Autónoma en la que residan, de los juzgados a los que se presente el caso, e incluso del sector en el que trabajen. Esta indeterminación jurí­dica, se está intentando paliar en los Tribunales. De esta forma es el criterio subjetivo de los jueces el que otorga o deniega, las concesiones de pensiones de viudedad, herencias, etc. En el ámbito estrictamente laboral, la situación es igual de irregular; en determinados sectores de actividad, se han firmado recientemente acuerdos laborales en los que se igualan los permisos de parejas de hecho y matrimonios, teniendo las mismas bajas por maternidad, enfermedad o fallecimiento.

Aunque de momento sólo pueden disfrutar de estas condiciones, reguladas en negociación colectiva, algunos trabajadores como los docentes no universitarios dependientes de la Consejerí­a de Educación y los trabajadores de Hostelerí­a de Castellón Prolongar esta situación haciendo oí­dos sordos a una realidad imparable no beneficia a nadie, salvo tal vez a los intereses del Partido Popular, pero está perjudicando a la sociedad en conjunto.

Desde UGT, apoyamos el cambio y demandamos la Ley de Parejas de Hecho, ley que abarca tanto a las parejas heterosexuales como a las homosexuales, que logre superar las diferencias sociales y laborales que hoy en dí­a se están produciendo. Lograr la efectividad de estas medidas requiere modificar la regulación estatal en diversas materias: Código Civil, Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Función Pública, Ley de Adopción, Leyes Fiscales, etc, permitiendo de esta manera la aplicación efectiva del principio de la Igualdad, dignidad y respeto de los derechos de todas las personas.




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