UGT demanda una polí­tica que, con la participación de los agentes sociales, aborde la inmigración como un asunto laboral
La cara más represiva de la Ley de Extrajerí­a ha hecho su aparición. UGT denuncia la disolución brutal de la concentración de un grupo de inmigrantes sin papeles en la plaza André Malraux de Barcelona. La medida, totalmente desproporcionada, máxime cuando se estaba negociando una solución a este problema, se suma a la serie continuada de despropósitos que el Gobierno del PP ha ido acumulando en polí­tica migratoria a lo largo de estos años, cuyo punto culminante fue la aprobación sin consenso social de una Ley regresiva, discriminatoria y represiva que causa alarma social y no aborda la inmigración desde un punto de vista laboral. UGT considera que es necesaria una polí­tica migratoria clara y transparente, que con la participación de los agentes sociales, articule de forma eficaz la llegada, permanencia e integración de trabajadores extranjeros y garantice sus derechos fundamentales. Sólo de esta forma, abandonando una polí­tica centrada exclusivamente en la concesión de "papeles", se evitarán sucesos como los de Barcelona o Cuenca, entre otros.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2000 de extranjerí­a hasta la actualidad, permite cierta perspectiva sobre la polí­tica de inmigración llevada por nuestro paí­s. La conclusión es que no tenemos una polí­tica real de inmigración, sólo una serie de medidas arbitrarias para ir solucionando problemas puntuales centrados únicamente en la concesión de "papeles"( y no tanto de derechos), sin abordar el tema laboral que es el que mueve fundamentalmente la inmigración.

Esta situación motiva sucesos como los registrados en Cataluña o en Cuenca, que sirven de ejemplo de situaciones similares que se han ido repitiendo a lo largo de estos meses. La polémica Ley, que ayer mostró su cara más represiva con la brutal disolución de la concentración de inmigrantes en Barcelona y la detención indiscriminada de la mayorí­a de ellos, fue aprobada por imposición del Gobierno Popular y ha supuesto un importante retroceso, carece de un planteamiento serio y firme sobre la inmigración, crea un clima de confusión y promueve una visión negativa de un fenómeno que, si se realiza en las condiciones adecuadas, es necesario y positivo. Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de esta nueva Ley han constituido una serie de despropósitos, desde el Programa establecido para los inmigrantes ecuatorianos, a los múltiples procesos y acuerdos de regularización realizados de forma totalmente arbitraria en las diferentes Comunidades Autónomas a medida que iban surgiendo problemas. El proceso de regularización aparente que puso fin a estos acuerdos, fue una medida lamentable por la inseguridad jurí­dica en la que sumió -no sólo a los inmigrantes, sino al personal encargado de llevarla a cabo- culminando estas actuaciones con el Reglamento que establece medidas que interfieren directamente en nuestra normativa laboral.

UGT reitera que es imprescindible reconocer la inmigración como un tema fundamentalmente laboral, y, por tanto, elaborar una polí­tica migratoria laboral clara y transparente, lejos de actuaciones aisladas, de dudosa legalidad y vinculación. Para el sindicato, es preciso articular adecuadamente la llegada de trabajadores extranjeros, su entrada, permanencia, e integración, garantizando la plena igualdad de derechos. Es necesario, también, establecer un control para la llegada de inmigrantes, basado en la determinación de la necesidad de trabajadores y en el control de las condiciones de trabajo ofrecidas, con un seguimiento por parte de los interlocutores sociales sobre todos los supuestos de concesión de permiso de trabajo o autorización para trabajar. Asimismo, la polí­tica migratoria debe contemplar la regularización de trabajadores extranjeros sin utilizar el concepto de arraigo por su difí­cil objetivación y porque es inadecuado para aplicarlo en el mercado de trabajo. En este sentido, hay que tener en cuenta que el empleo de trabajadores extranjeros, en situación irregular, es una infracción de la normativa de extranjerí­a y laboral. UGT exige respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores inmigrantes ya que las actuaciones desarrolladas hasta ahora vulneran el principio de no-discriminación contemplado en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social. Este es el caso de la última Reforma Laboral, que incluye la posibilidad de realizar contratos de formación a los inmigrantes durante los dos primeros años de vigencia del permiso de trabajo y residencia, cobrando el 85% del SMI y sin derecho al desempleo.

Además, en algunos supuestos se ha eliminado la cotización y por consiguiente el derecho a recibir prestaciones; la aparición de contratos especí­ficos para trabajadores extracomunitarios, o la disponibilidad geográfica que deben tener estos trabajadores desempleados. Por otra parte, el sindicato considera fundamental la ordenación y planificación de las campañas que realmente sean de temporada, garantizando los derechos a todos los trabajadores, comunitarios o no, cumpliendo el convenio de migraciones interiores del sector agrí­cola y su protocolo adicional. De igual forma es preciso que los convenios suscritos con paí­ses de procedencia de la inmigración, instrumento básico de la polí­tica migratoria laboral, se realicen con la participación de sindicatos y empresarios tanto de los paí­ses de origen como de España, con el gin de asegurar la transparencia e información.

Para UGT, existe el reto y la obligación de construir una verdadera polí­tica migratoria laboral para los próximos años, basada en la negociación y el consenso de Gobierno, empresarios y sindicatos para alcanzar un acuerdo social que, por el momento, el Ejecutivo se muestra reticente a desarrollar. Serí­a el modo de desterrar definitivamente las actuaciones arbitrarias y unilaterales que provocan confusión, reacciones indeseables como la xenofobia, rompen los principios básicos de igualdad de nuestra sociedad y conllevan actuaciones represivas indignantes como las de Barcelona.