SOS RACISMO quiere manifestar su profunda repulsa ante la expulsión colectiva de 36 personas originarias de Nigeria internadas en la actualidad en Málaga, cinco años después del escándalo ocurrido en 1996, cuando más de 100 inmigrantes fueron drogados con haloperidol al ser expulsados.

La reanudación de las expulsiones colectivas responde a una visión de la inmigración que el presidente del Gobierno, José Marí­a Aznar, ya resumió en 1996 con la célebre frase "Habí­a un problema y se ha solucionado". Una visión contraria a la realidad, puesto que se niega a reconocer que la inmigración es un hecho constitutivo de las sociedades europeas actuales y la trata como un problema de orden público. Esta visión se traduce en una polí­tica que castiga con la expulsión a aquellos a quienes las leyes han forzado a entrar de forma clandestina. En primer lugar, pues, denunciamos una vez más la polí­tica migratoria del Gobierno español. La ley de extranjerí­a permite que puedan darse situaciones como la que nos ocupa, vulnerando derechos fundamentales y garantí­as jurí­dicas internacionalmente reconocidas. En tan sólo cuatro meses desde su aprobación, demuestra cada dí­a que pasa su inoperancia para resolver los "problemas" y "efectos" para los que supuestamente se dijo se dictaba. Más de 50 personas ahogadas en el Estrecho desde noviembre del 2000 muestran que las leyes restrictivas no disminuyen el control de flujos, y en cambio sí­ que fomentan las entradas clandestinas y aumentan su peligrosidad.

Ante el hecho de la expulsión masiva de 36 nigerianos, manifestamos que:

a) Estas personas llevaban ya 10 meses en territorio español, durante los cuales habí­an seguido cursos de castellano, formación laboral, etc. Muy probablemente habrí­an encontrado una oferta de trabajo si se hubieran puesto los medios necesarios para ello. Se expulsa a personas que hace tiempo que están en nuestro paí­s, formadas por el mismo Estado e incorporables al mercado laboral.
b) Durante este tiempo, estas personas estuvieron alojadas y recibieron formación en un CETI (Centro Temporal de Acogida de Inmigrantes), cuyo objetivo es la acogida y la integración. Denunciamos, pues, que el Gobierno está utilizando estos centros como Centros de Internamiento encubiertos, incumpliendo el objetivo de integración para el que han sido creados.
c) Este caso se ha llevado con total secretismo y discrecionalidad. El gobierno ha llegado a un acuerdo puntual con Nigeria para realizar la expulsión, ante la falta de un convenio general con este paí­s en este sentido, pero desconocemos qué contraprestación económica o de otro tipo se ha ofrecido. No sabemos si los nigerianos han recibido asistencia jurí­dica, y si ésta ha sido o no correcta. Desconocemos también qué ha motivado el traslado de Ceuta a Málaga de estos extranjeros.
d) El número de acompañantes, 86 para 36 expulsados, es absolutamente desproporcionado, y sólo puede responder a la consideración de que se trata de peligrosos delincuentes, cuando su único delito ha sido el tratar de aspirar a una vida mejor que la que tení­an en su paí­s de origen. El hecho de que se trate de agentes antidisturbios acaba de reforzar esta hipótesis.

Expuesta nuestra preocupación por esta expulsión masiva y por las condiciones en las que va a realizarse:

a) Pedimos las necesarias explicaciones al Gobierno español, y el apoyo en esta petición de las instituciones competentes y de cuantas asociaciones y colectivos quieran sumarse.
b) Reiteramos nuestro llamamiento a las instituciones, en especial al Defensor del Pueblo, para que denuncien esta expulsión masiva, y exigimos al Ministerio del Interior que rectifique la decisión tomada.
c) Instamos a la sociedad a que reaccione de forma activa contra esta actuación y, en general, contra la polí­tica migratoria del Gobierno español y la ley de extranjerí­a.