Esta Directiva europea se inscribe dentro de un bloque de tres Directivas europeas sobre igualdad de trato relativas al origen racial o étnico (que es la anteriormente señalada), a la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Desde el Departamento Confederal de Inmigración de la Unión Sindical Obrera consideramos que el hecho de haber vencido el plazo para trasladar el contenido de esta Directiva sobre igualdad de trato atendiendo al origen racial o étnico, a la legislación española (además de a otros estados de la Unión Europea), significa una total ausencia de voluntad polí­tica sobre las cuestiones que puedan tener algún contenido favorable hacia la inmigración y la extranjerí­a, mientras que la reforma de la Ley de Extranjerí­a está siendo impulsada con turbo para ser aprobada cuanto antes, (aún sin los preceptivos informes que necesita al respecto), y esto quiere decir que las otras dos Directivas europeas sobre igualdad de trato que vencen en Diciembre de este año y Octubre de 2005, tampoco tendrán su reflejo en el plazo señalado en nuestra legislación.

Este incumplimiento del plazo por parte del Gobierno español para llevar a cabo esta transposición, tiene una especial y negativa transcendencia en el sentido de que:

– Pese a que se da una definición novedosa de conceptos válidos como el de trato igualitario, la discriminación directa e indirecta, el acoso, la acción positiva, no se establecen ni articulan los medios humanos, técnicos, económicos, ni legales para que se puedan emprender las medidas necesarias para poder ofrecer la establecida protección contra a las personas con motivo de trato adverso o de la presentación de una reclamación para exigir el cumplimiento de la igualdad de trato, ni se han establecidos los criterios, ni los procedimientos judiciales y administrativos para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Directiva.

– No se ha hecho nada al respecto de la efectiva protección de las ví­ctimas de los actos discriminatorios o que atenten directa o indirectamente contra la igualdad de las personas por motivo de raza u origen étnico; ni tampoco se ha establecido nada al respecto de las sanciones que han de corresponden a los transgresores de estas situaciones, ni qué organismo se encargará de llevar a cabo su control, vigilancia, denuncia, sanción y cumplimiento; ni dónde se creará este organismo, ni de quién dependerá , qué vigencia tendrá, qué composición, su adscripción orgánica o no a la Administración, cuál será su presupuesto asignado, con qué personal contará (contratado o funcionario),"¦

– Tampoco se ha respetado el contenido de la Directiva al señalar que se ha de fomentar el dialogo social con los interlocutores sociales para promover la igualdad de trato a través del control de las prácticas y fomentar el establecimiento de la negociación entre empresarios y trabajadores para que en los convenios colectivos se introduzcan y establezcan normas antidiscriminatorias.

En definitiva, para la U.S.O., (entidad miembro de la Red Europea Contra el Racismo) lo que se desprende de este incumplimiento del plazo para la transposición de la Directiva dentro de la legislación española es una clara intención e inclinación polí­tica insensible a determinados criterios de fomento de la igualdad entre todas las personas independientemente de su color, origen étnico o racial, nacionalidad, sexo, convicciones polí­ticas o religiosas, plenamente consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tendentes a favorecer una convivencia social armónica, pací­fica, tolerante, multicultural, y generadora de progreso y bienestar en la que quede erradicada toda actitud, racista, xenófoba, excluyente o discriminatoria.