CC.OO. ha venido reclamando en los últimos años la necesidad de contar con una nueva Ley de Empleo, dado que habí­a quedado superada la Ley Básica de Empleo vigente desde 1980, tanto por los cambios producidos en el mercado laboral, en las necesidades de los demandantes de empleo y en la polí­tica de empleo (incluida la coordinación con polí­tica europea de empleo), como por el nuevo marco de transferencia de las polí­ticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas y la creación por éstas, en el marco de sus competencias, de Servicios Públicos de Empleo propios.

El objetivo general que CC.OO. ha defendido es contar con mejores Servicios Públicos de Empleo y con un sistema más útil, eficaz, y que garantice la igualdad de oportunidades, en la promoción del empleo, en la lucha contra el desempleo y en la inserción laboral de las personas desempleadas.
Y para ello, en un sistema como el actual, mucho más complejo por la distribución de competencias de la polí­tica de empleo entre distintas Administraciones, y en el que se da cabida a entidades colaboradoras que desarrollan determinados programas y actuaciones, pasa a ser básica la definición de objetivos comunes, la coordinación de actuaciones, la implementación de los instrumentos que hagan posible dicha cooperación. Todo ello asegurando la participación de los interlocutores sociales.

Los grandes ejes del Anteproyecto de Ley son: la definición de la polí­tica de empleo, sus principios y objetivos; los instrumentos de coordinación y colaboración entre Administraciones en el desarrollo de dicha polí­tica; el papel de los Servicios Públicos de Empleo (estatal y autonómicos) y su cooperación a través del Sistema Nacional de Empleo; la identificación de las polí­ticas activas de empleo y la garantí­a para su aplicación en el conjunto de Estado español; la intermediación laboral y el papel de los Servicios Públicos de Empleo.

Las cuestiones en las que CC.OO., conjuntamente con UGT, ha ejercido mayor presión, y que finalmente han quedado incorporadas al Anteproyecto de Ley son las siguientes:

– Incluir que la polí­tica de empleo comprende la protección ante las situaciones de desempleo y que ésta la conforman tanto las polí­ticas activas como las prestaciones por desempleo, independientemente de cual sea la administración u organismo al que se le encomiende su gestión.

– Asegurar que las polí­ticas para la inserción laboral contempladas en la Ley se aplicarán en el conjunto del Estado a través de los Servicios Públicos de Empleo de las CC.AA., así­ como que dichas polí­ticas se ordenarán en un itinerario de inserción laboral individualizado en colaboración con el demandante de empleo, de acuerdo a sus circunstancias profesionales y personales.

– Definir los ámbitos de coordinación entre administraciones para el desarrollo de la polí­tica de empleo. A propuesta sindical se ha incluido el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, con presencia del gobierno central, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales. Este es el órgano consultivo que deberá permitir definir objetivos generales, fijar criterios comunes de actuación y de evaluación, asesorar sobre nuevos programas y medidas.

– Garantizar que los Servicios Públicos de Empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral y que corresponde a éstos la ejecución del proceso de selección y casación de la oferta de trabajo y la demanda de empleo, más allá de que puedan existir entidades colaboradoras especializadas para intervenir en la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades. El objetivo debe ser aumentar la gestión pública de las ofertas de empleo.

– Asegurar la participación de los interlocutores sociales en los órganos que conforman el Sistema Nacional de Empleo y que ésta tenga el carácter de tripartita y paritaria. Estos órganos son el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, el Servicio Público de Empleo estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las CC.AA.

Por último, se ha eliminado del Anteproyecto la negativa modificación que se proponí­a para el Contrato de Inserción y que fue una de las reivindicaciones sindicales contra el “decretazo”.

CC.OO. considera que el Anteproyecto de Ley de Empleo incorpora una parte importante de las observaciones sindicales realizadas al texto, seguirá trabajando para mejorarlo durante su tramitación parlamentaria y reclama que en los Presupuestos Generales para 2004 se dediquen los recursos económicos necesarios para mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y para eliminar las carencias de personal actualmente existentes en las oficinas de empleo.