El Consejo de Ministros ha aprobado el II Plan Nacional para la Inclusión Social que tendrá vigencia hasta el año 2005. Los Planes Nacionales para la Inclusión Social nacen con el objetivo marcado por la Unión Europea en el año 2000, de llevar a la practica una polí­tica coordinada de lucha contra la pobreza y la exclusión social, articulada en torno a cuatro objetivos previstos en las Directrices aprobadas por el Consejo Europeo.

La Comisión ya señalo carencias y falta de cumplimiento de los objetivos marcados en el I Plan para la Inclusión español 2001-2003. Lejos de corregirlas, el Gobierno español, ahonda en las mismas en el II Plan aprobado hoy por el Consejo de Ministros, no solo por la falta de medidas que realmente tiendan al cumplimiento de los objetivos, sino por la ausencia de concordancia entre las acciones propuestas y los indicadores que miden el grado de exclusión social.

A modo de ejemplo, entre estos indicadores se encuentra el nivel de educación, porcentaje de personas entre 18 y 24 años fuera del sistema educativo, con un nivel de estudios equivalente o inferior al primer ciclo de secundaria. En España este nivel, del 28´6% es el segundo mas alto de la Unión Europea. Sin embargo, en el II Plan, no se adoptan medidas que tiendan eficazmente y de manera universal a hacer disminuir este porcentaje, como seria la mejora de la Formación Profesional. Otro de los indicadores es la esperanza de vida. Teniendo en cuenta que España se sitúa en este aspecto por encima de la media europea, destaca la ausencia de medidas de atención a la dependencia.

El Gobierno español ha construido un II Plan Nacional para la Inclusión Social, al margen de la realidad de nuestro paí­s. Un Plan que contiene objetivos generales, sin mecanismos de evaluación, que no permitirán comprobar el cumplimiento de los mismos ni la influencia del Plan en la mejora de los indicadores. Pero además de ser objetivos generales, el Plan se dirige, no a las personas en riesgo de exclusión sino a la población en general, incluyéndose en él, medidas que están contempladas en otros Planes, Leyes y Programas ya aprobados. El presupuesto aparentemente elevado de este II Plan es en realidad la suma de las partidas correspondientes a diferentes iniciativas ya en marcha.

UGT considera que con este Plan, el Gobierno únicamente pretende dar cumplimiento al objetivo formal de la presentación en plazo, recopilando medidas ya en vigor y que en algunos casos difí­cilmente pueden considerarse dirigidas a personas en situación de exclusión social. Medidas que por otra parte, carecen de una orientación universal y homogénea, en el sentido de que en gran parte se van a llevar a la practica a través de subvenciones y programas. Este Plan no configura un sistema de protección publica, universal y homogénea para todos quienes se encuentren en una situación de exclusión.