Ante la cascada de reducciones de empleo por las multinacionales de las tecnologí­as de la información, CC.OO. considera que el Gobierno español tiene responsabilidades serias y debe intervenir inmediatamente en las decisiones de éstas empresas.

Para Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., el Gobierno no puede dejar las manos libres a las multinacionales en decisiones que afectan a miles de trabajadores, por lo que ha exigido al Ejecutivo que aplique la legislación vigente, que le permite impedir los cierres y despidos cuando existan beneficios. No se puede aceptar la erosión de la regulación económica y social nacional.
A juicio de Fernández Toxo, el Gobierno deberí­a impulsar una polí­tica industrial activa y previsora, negociada con los sindicatos, y critica que hayan quedado sin gastar más de 80.000 millones del único plan con apoyo público a estas tecnologí­as, el Plan INFO XXI, que fue presentado directamente por el presidente Aznar y la Ministra de Ciencia y Tecnologí­a, Birulés, anunciando una inversión de 825.000 millones de pesetas del presupuesto público dedicadas a incentivar y mantener la expansión e implantación de éstas tecnologí­as entre 2001 y 2003. Es más, mucho ministerios y otros organismos no conocen los fondos del INFO XXI con que cuentan este año, apunta el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.
Según Ramón Górriz, secretario de Polí­tica Industrial de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., la reestructuración industrial que vive este sector en un proceso permanente de cambio exige una gestión social responsable. En este sentido, el valor de las acciones no puede ser el objetivo principal de las empresas, abandonando a su suerte a los trabajadores.
CC.OO. reitera su exigencia de puesta en marcha de un Observatorio de la Industria, con carácter tripartito, que permita anticiparse al cambio y establecer una gestión social responsable, que evite la pérdida de puestos de trabajo y apueste por una inversión en I+D con ayudas públicas en forma de subvenciones, créditos y ventajas fiscales.

Por último, CC.OO. recuerda que los sindicatos a nivel nacional y europeo están ya coordinado acciones y, en este sentido, la Federación Europea de Metalúrgicos ( FEM ) exige la obligación para las empresas en procesos de cambio, de informar y consultar a los trabajadores antes de que se tome cualquier decisión y de que junto con los trabajadores y sus organizaciones se negocie para alcanzar un acuerdo.