Posicionamiento del Observatorio de Derechos Humanos con respecto a la ocupación.

En este caso concreto, la vulneración proviene de la carencia de verdaderas polí­ticas públicas en materia de vivienda. Es decir, de polí­ticas que dediquen el máximo de recursos disponibles a facilitar el acceso a una vivienda adecuada. Carencia, que adquiere diferentes manifestaciones según el caso, con respecto a los excluidos conlleva desde el hacinamiento, hasta la ocupación de cajeros, pisos y calles de la ciudad.

Esta vulneración de derechos por parte de las administraciones implicadas, se da tanto con respecto a los ocupantes de las instalaciones abandonadas como con respecto al resto de la ciudadaní­a. El colectivo de inmigrantes y autóctonos que viven en los Cuarteles de Sant Andreu es tan sólo una de las puntas del iceberg de la creciente profundización de la pobreza, de la brecha entre ricos y pobres, también presente en los paí­ses desarrollados.

Más allá de las reivindicaciones propias de los ocupantes, la situación actual implica reconocer la inexistencia de polí­ticas que frenen, o llegado el caso atiendan, el creciente número de personas que son excluí­das del sistema.

Ante el inminente desalojo, la solución debe considerar la situación especí­fica de las personas que viven en los Cuarteles sin perder de vista la necesidad de evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse. No basta con alojar de forma temporal a las personas que accedan a ponerse en manos de la administración pública. La respuesta debe pasar por crear un circuito público, - que además del alojamiento, incorpore cursos de lengua, de formación profesional, etc. - que posibilite la integración social de los afectados.

Nuestra obligación, como sociedad civil, es la de denunciar esta discriminación que sufren los derechos sociales básicos de todos y todas. La de las administraciones, asumir sus responsabilidades, sin que sirvan excusas competenciales.

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, DESC
Barcelona, 21 de julio de 2003.