La transparencia es una condición esencial para el establecimiento de un Estado de Derecho

Madrid.- El martes 1 de julio la Sección Española de Amnistí­a Internacional se dirigió por carta a Repsol, Cepsa e Indra, entre otras empresas españolas con intereses económicos en Irak. En esta carta, AI les solicitaba que tengan en cuenta los derechos humanos en su estrategia de actuación en el paí­s. La organización aún no ha recibido respuesta por parte de las compañí­as.

Amnistí­a Internacional ha pedido a las empresas españolas un compromiso explí­cito para que sus actividades no repercutan de manera negativa en la protección de los derechos humanos de la población iraquí­, principales protagonistas y beneficiarios de cualquier proyecto que se lleve a cabo en la zona, cualquiera que sea su naturaleza.

Amnistí­a Internacional, adjuntó con la carta el informe titulado: "¿En nombre de quién?" Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak. En este documento, AI plantea el temor a que las prácticas de las empresas debiliten el apoyo al Estado de Derecho mediante el fomento de la corrupción y otras prácticas que vayan contra los derechos humanos.

"Irak acaba de sufrir los efectos de una guerra y vive en un estado de tensión por lo que todos los agentes sociales y económicos que participen en la reconstrucción deben apostar por el respeto a los derechos humanos. Las empresas jugarán un factor fundamental en el desarrollo del paí­s porque aportarán infraestructuras y servicios básicos. Por eso, es clave su compromiso y apoyo al establecimiento de un Estado de Derecho en beneficio de todos los sectores de la población", afirma Yolanda Román, Responsable de Polí­tica Exterior de la Sección española de Amnistí­a Internacional.

Peticiones de Amnistí­a Internacional a las empresas españolas

– Cumplir con las normas sobre derechos humanos establecidas por las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las corporaciones transnacionales y empresas respecto a los derechos humanos. Las diferentes empresas que trabajen en Irak deberán respetar los derechos humanos fundamentales en todas las operaciones que realicen. Por ejemplo, la no participación de las empresas en proyectos en los que se establezcan desplazamientos forzados o arbitrarios de personas, la no discriminación por razones de religión, origen étnico, raza o sexo, o el rechazo a la compra u ocupación de propiedades que hayan sido arbitrariamente expropiadas en el pasado.

– Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad internacionalmente reconocidas. El personal de seguridad de las instalaciones deberá cumplir con los derechos humanos internacionalmente reconocidos y evitar que se perpetren abusos contra los derechos humanos en nombre de la seguridad.

– Consultar a las comunidades locales y asegurarse de que las opiniones de las mujeres son escuchadas.

– No enriquecerse a costa de una guerra. Los costes de los productos y servicios esenciales tienen que ser establecidos teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se producen tras una guerra.

– No fomentar divisiones sociales a la hora de proporcionar los servicios básicos (agua, comida, sanidad...).

– Prohibir los sobornos y la corrupción. Las empresas deben de dejar claro a sus empleados que se prohí­be toda forma de soborno directo o indirecto. No podrán hacer contribuciones a ningún partido polí­tico ni organizaciones ni individuos con el fin de obtener ventajas en sus negocios.

– Obrar con total transparencia. Las empresas proporcionarán sus datos financieros al gobierno de Irak y, en particular, todos aquellos datos sobre los ingresos que se produzcan por contratos de explotación.

– Establecimiento de un sistema judicial justo. Las empresas deberán apoyar el establecimiento de un sistema judicial justo y efectivo en consonancia con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

– Respeto al medio ambiente. Las empresas deben llevar a cabo su trabajo en concordancia a las normas internacionales sobre salud y medio ambiente y proporcionar una completa información sobre el impacto medioambiental de sus operaciones.

– Apoyo al despliegue de inspectores de derechos humanos.

Por último, Amnistí­a Internacional se ofrece a las empresas españolas para mantener entrevistas con el objetivo de tratar estas mismas recomendaciones y analizar las formas de hacerlas efectivas en la práctica.