Greenpeace y Adenex han decidido presentar un recurso contra la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 2 de junio para autorizar una exención al cumplimiento de las normas de seguridad relativas a los generadores diesel de emergencia de la central nuclear Almaraz-2, tras la averí­a registrada el 3 de mayo en uno de los dos generadores diesel de que dispone. Las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central obligan a que sus dos generadores diesel estén operativos para que entre en funcionamiento.

Esta polémica decisión del Consejo fue adoptada después de fuertes discusiones entre sus 5 miembros, tras una votación que acabó con el resultado de 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y en contra del criterio de varios departamentos técnicos del CSN, opuestos a esta decisión por motivos de seguridad.

Con esta decisión el CSN permitió que la central nuclear de Almaraz-2 arrancara sustituyendo el generador diesel original averiado por un conjunto de seis diesel sin cualificación sí­smica y de seguridad, que no podí­an operarse ni desde la Sala de Control ni desde el Panel de Parada Remota, y que estaban manejados por personal externo a la organización de la central nuclear.

Adenex y Greenpeace consideran que dicha decisión, que implicaba el funcionamiento de la central en condiciones de seguridad degradada, se debió a la presión de las compañí­as propietarias de la central nuclear de Almaraz sobre ciertos sectores del CSN complacientes con estas compañí­as.

Según la información de que disponen Adenex y Greenpeace, no habí­a ningún precedente de este tipo en la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de EE.UU. (organismo homólogo del CSN y que sirve a éste de referencia en las centrales nucleares de diseño americano como es Almaraz) y la NRC habí­a informado al CSN de que ellos nunca considerarí­an esta situación con una exención.

A este respecto, Greenpeace y Adenex consideran que la sustitución del generador diesel original por un grupo de 6 mini-generadores diesel no supone un simple incumplimiento de algún requisito concreto de las ETF de la central, sino que supone un cambio fí­sico (modificación de diseño) de la misma. Por este motivo, en aplicación del artí­culo 25 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), el Ministerio de Economí­a deberí­a haber autorizado la solución propuesta por el titular de la central nuclear previamente a que ésta entrara en funcionamiento.

Dicho artí­culo 25 (Modificaciones en la Instalación) establece que: "Caso de que la modificación de diseño suponga una modificación de criterios, normas y condiciones en las que se basa la autorización de explotación, el titular deberá solicitar al Ministerio de Industria y Energí­a [ahora Ministerio de Economí­a] una autorización de modificación, que tendrá que ser efectiva previamente a la entrada en servicio de la modificación o a la realización de las pruebas".

Lo que se realizó en Almaraz-2 es un importante cambio en las condiciones en que se basa la autorización de la central, puesto que en su diseño autorizado existí­a un generador diesel que cumplí­a todos los requisitos exigibles en cuanto a su calificación de sí­smica, de seguridad, fiabilidad, etc. (lo que no cumplí­a el grupo sustitutorio a base de mini-generadores diesel) y su operación se podí­a controlar desde la sala de control (y no de forma local como sucedí­a con el equipo sustitutorio).

"Consideramos que la modificación que se realizó en Almaraz-2 requerí­a una autorización previa del Ministerio de Economí­a. No tenemos constancia de hay a sido solicitada dicha autorización y el Ministerio no ha contestado a nuestros escritos del 5 y 30 de junio en los que solicitamos confirmación al respecto" -declaró Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace en temas nucleares. "En caso de que el CSN hubiese obrado sin cumplir lo establecido en el RINR, nos parece que estarí­amos ante un flagrante caso de incumplimiento de la legalidad vigente, ante el que el Ministerio no podrí­a permanecer indiferente. El CSN se habrí­a excedido de sus competencias" -añadió José Mª González Mazón, Presidente de Adenex. Dado que Greenpeace y Adenex consideran que el CSN ha vulnerado la legislación vigente, en próximas fechas presentarán un recurso contra la decisión del CSN y exigirán la nulidad de la misma.