La situación de los pensionistas españoles deja mucho que desear respecto a Europa. Nuestro paí­s sólo dedica el 59% de la media comunitaria al gasto en pensiones y servicios sociales por persona mayor de 65 años. Además, en 2002 las pensiones de jubilación en España supusieron el 58% del salario medio, un porcentaje que disminuirá si se amplí­a el periodo de cálculo como pretende el Gobierno.

Las cuantí­as de las pensiones mí­nimas en nuestro paí­s son de las más bajas de Europa; la penalización por jubilaciones anticipadas, la más alta; y nuestros mayores tienen que pagarse, con su pensión, buen número de servicios esenciales. Todo esto confirma que aún queda mucho por hacer para mejorar el bienestar de los pensionistas y echa por tierra los informes "generosos" que tratan de justificar un recorte en la cuantí­a de las pensiones.

Las reiteradas informaciones de diferente procedencia acerca de una pretendida generosidad de las pensiones españolas respecto a otros paí­ses de la Unión Europea, además de desinformar a la opinión pública parecen estar encaminadas a ir preparando el terreno para la revisión regresiva de la fórmula de cálculo de la base reguladora de las pensiones futuras según el punto V del Acuerdo de pensiones de 2001, firmado por CEOE-CEPYME, CCOO y el Gobierno.

Esa idea sobre la generosidad de las pensiones españolas, tiene como única fuente de información distintos informes de la UE, que, además, no son homogéneos, ni en fecha ni en metodologí­a. Los datos que recoge esa información responden a la siguiente pregunta: una persona que hubiese cotizado por el número máximo de años (en España 35 años) que dan derecho a la pensión máxima y se jubilase a la edad legal (en España a los 65 años de edad) ¿qué pensión percibirí­a en relación con su último salario?.Evidentemente, la pregunta responde acerca de la tasa de sustitución (es decir, la relación entre la pensión y el salario en activo) de aquellos trabajadores mejor situados en el mercado de trabajo, pero no a la situación del conjunto. Por un mí­nimo de coherencia, habrí­a que hacer el mismo ejercicio respecto a los trabajadores en peor situación.

Estarí­amos hablando, pues, de una tasa de sustitución teórica, que no real, que ignora la dinámica del mercado de trabajo (años de cotización, periodos de menor cotización por la precariedad del mercado de trabajo, nivel de los salarios, calidad del empleo, etc.), la penalización o no de la jubilación anticipada antes de esa edad, el importe del salario mí­nimo de cada paí­s, las bases por las que cotizan ciertos regí­menes especiales, etc. A efectos comparativos, lo que interesa es la tasa de sustitución real del conjunto del sistema. En España debido a la mayor precariedad en el empleo, pero sobre todo a la excesiva penalización de la jubilación anticipada, manejar esa tasa teórica es una frivolidad: en España la tasa de sustitución real de las nuevas pensiones de jubilación en 2002 suponen el 58% del salario medio.

Si bien es cierto que pocos paí­ses conceden con sólo 35 años cotizados el 100% del salario (o bases) promedio de los últimos 15 años, no se puede deducir que España sea el más generoso. Y por varios motivos, entre otros:

1.- En no pocos paí­ses donde se exigen más años para alcanzar la pensión máxima, se consideran cotizados los perí­odos de servicio militar, los perí­odos de educación a partir de los 16 o 18 años de edad, los periodos dedicados al cuidado de los hijos o un familiar discapacitado o enfermo, etc.

2.- Existen en España topes máximos de cotización, que limitan, por tanto, la tasa de sustitución de la pensión respecto al salario real, mientras que en muchos paí­ses no existen y en otros son comparativamente más altos.

3.- Las cuantí­as de las pensiones mí­nimas en España, y especialmente las no contributivas, son demasiado bajas;

4.- No existe generosidad alguna para quien haya cotizado 10, 12 o 14 años al perder todo lo cotizado a efectos de una pensión contributiva, pues sólo acceden quienes cotizan como mí­nimo 15 años. España es en este aspecto uno de los paí­ses más cicateros.

5.- Las comparaciones sobre el nivel de pensiones o de su tasa de sustitución no tienen en cuenta, generalmente, que en algunos paí­ses existen pensiones complementarias obligatorias o que en otros muchos las pensiones complementarias de carácter profesional están muy generalizadas.

6.- Porque las pensiones que perciben nuestros mayores es sólo una parte de las prestaciones que deben recibir. Con su pensión tienen que pagarse buen número de servicios esenciales (ayuda a domicilio, etc.) que además de escasos suelen ser más caros que en la mayorí­a de los paí­ses europeos.

7.- Por último, y quizás lo más importante, ningún paí­s penaliza tanto como España la jubilación anticipada que viene a suponer, para el conjunto del sistema, una reducción de aproximadamente el 20% de la pensión media.

Si nuestro sistema fuese tan espléndido como se dice nuestro gasto en pensiones debiera ser desorbitado. No es así­. Según datos referidos a 2000, el gasto público en pensiones en España sólo estaba por encima del de Irlanda. En cuanto al gasto en pensiones y servicios sociales por persona mayor de 65 años, España solo dedica el 59% de la media comunitaria.