UGT considera que la inflación sigue fuera de control, pese a que durante el mes de junio se ha comportado de forma moderada.

Esta evolución, que pone de manifiesto la atoní­a en el consumo de las familias y un ritmo de crecimiento del 3,5% en el sector servicios, constata que se mantiene el diferencial de inflación entorno a un punto con respecto a Europa, y esto sin tener en cuenta lo sucedido con los precios de la vivienda que acumulan desde 1997 un crecimiento del 55%, uno de los mayores de los paí­ses de la OCDE.

El descontrol de precios está perjudicando fundamentalemente a los perceptores de rentas cuya referencia es el Salario Mí­nimo Interprofesional, que acumulan una pérdida de 6 puntos porcentuales en los últimos cinco años por la polí­tica de marginación que practica el Ejecutivo con este colectivo de trabajadores. UGT reclama que el Gobierno cumpla con su obligación de actualizar semestralmente el SMI (el segundo más bajo de la UE), tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. Para el sindicato son imprecindibles, además, las cláusulas de revisión salarial para asegurar los incrementos reales pactados en la negociación colectiva, que se sitúan en una media del 3,1%, mientras que la inflación de los seis primeros meses del año es del 3,3%.

Datos básicos:
Mensual: 0,1%, una décima más que en el mismo mes del pasado año.

Acumulada hasta junio: 1,3%.

Anual: 2,7%, igual que en el mes de mayo (el redondeo de dos a un decimal ha absorbido la décima de aumento en el mes).

Subyacente: (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 2,9%, una décima menos que en el mes de mayo y el nivel más elevado desde marzo de 1996.

Armonizado: 2,8%, una décima más que en el mes anterior.

El dato del IPC del mes de junio, dado a conocer hoy por el INE, refleja un comportamiento moderado de los precios en este mes, tradicionalmente bueno en materia inflacionista. El incremento de una décima deja invariada la tasa interanual en el 2,7%. Por su parte, la tasa anual subyacente, que elimina los precios de los alimentos frescos y de los productos energéticos, se ha reducido una décima hasta el 2,9%, situándose por debajo del 3% por primera vez desde noviembre de 2000.

Este es, sin duda, el dato más positivo de la evolución actual del IPC, puesto que refleja una reducción de las tensiones en los precios de los bienes que componen el núcleo estructural de la inflación, y que se ven más influidos por la realización de la polí­tica económica nacional.

No obstante, de este moderado comportamiento mensual no cabe hacer una valoración positiva de la evolución general de los precios en nuestro paí­s, puesto que existen muchos factores que generan desconfianza sobre la solidez de la mejora que apenas se apunta en la actualidad:

la evolución de los precios refleja la situación de atoní­a del consumo de las familias, algo negativo para la evolución económica general, y en especial para la creación de empleo;

los precios en los servicios, sector que representa el 35% del total del IPC, siguen creciendo a un ritmo del 3,5%, lo que de por sí­ impide una conclusión global favorable sobre el comportamiento de la inflación;

pese a que ciertamente se ha producido una reducción de la tasa subyacente, que muestra el comportamiento del núcleo estructural de la inflación, es necesario señalar la positiva influencia que está ejerciendo en la actualidad la reducción de los precios de los carburantes y combustibles, componentes de evolución poco controlable (-1,3% en el último año): si se eliminan los productos energéticos, la tasa general aumenta cuatro décimas hasta el 3,1%.

Pero, además, existen otros elementos de fondo que obligan a relativizar la moderación de los resultados del IPC en los dos últimos meses, y que plantean dudas sobre la evolución futura de los precios, poniendo en evidencia la ineficacia de la polí­tica económica del Gobierno para crear un entorno baja inflación de forma estable:

el diferencial de inflación respecto a la media de la UE se mantiene en el entorno de un punto porcentual, lo que supone una merma de competitividad de nuestra economí­a que lastra la necesaria convergencia real;

nuestra inflación sigue muy expuesta a la incidencia de la evolución de distintos factores coyunturales y, sobre todo, a la capacidad de fijar precios de las empresas de distintas actividades de los sectores de servicios y agroalimentario, de modo que las mejoras puntuales en el IPC no responden a la eficacia de la polí­tica antiinflacionista del Ejecutivo, que de hecho no existe, sino a la conjunción momentánea de factores más o menos favorables. En este sentido, cabe decir que nuestra inflación sigue descontrolada, en cuanto no existen mecanismos públicos siquiera de vigilancia sobre la formación interna de los precios en esas actividades;

el IPC no explica en absoluto la situación global de los precios en nuestro paí­s, puesto que no recoge el comportamiento de todos los bienes y servicios, en especial hay que recordar que deja fuera lo sucedido con los precios de la vivienda, bien básico que tiene una incidencia directa sobre el nivel de vida de los ciudadanos, y que acumula desde 1997 un incremento del 55%, uno de los mayores de todo el ámbito de los paí­ses de la OCDE, y que en el primer trimestre de año mantení­a una disparatada tasa de aumento anual del 17%.

En definitiva, nuestro paí­s sigue manteniendo una situación preocupante en materia de precios, que está dañando gravemente a las rentas salariales, y en especial a aquellos más desfavorecidos que tienen referenciada la revalorización de sus retribuciones en base a la previsión de inflación del Gobierno, inamovible desde hace años en el 2% en contra de las proyecciones más razonables.

En particular, en este mes es necesario destacar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los preceptores del Salario Mí­nimo Interprofesional, que vieron sus retribuciones en 2003 actualizadas una vez más en tan sólo el 2% por decisión unilateral del Gobierno. Así­, los preceptores del SMI acumulan una pérdida de 6 puntos porcentuales en los últimos cinco años (hasta junio de 2003), en los que ha registrado pérdidas anuales continuas. Estos datos muestran bien a las claras la polí­tica de marginación que viene practicando el Ejecutivo con este colectivo de trabajadores más desfavorecidos: mientras los precios han crecido un 15,8% desde enero de 1999, el SMI tan sólo lo ha hecho en un 10,2% debido a que el Gobierno aplica anualmente una revalorización de tan sólo la previsión de inflación para cada año, sin tener en cuenta el resto de factores que deben determinar el crecimiento de esta renta mí­nima (productividad, situación económica general y distribución de la renta).

Por ello, y al igual que los dos últimos años, UGT reclama que el Gobierno cumpla con el precepto de revisión semestral que recoge el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores (que el Ejecutivo no ha cumplido nunca), y que obliga a actualizar semestralmente el SMI en el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el IPC, situación que en la actualidad tiene lugar sobradamente: la previsión del Gobierno fue del 2%, lo que sirvió una vez más de coartada para aumentar en esa cifra el SMI, mientras que la tasa interanual se sitúa en este momento en el 2,7% y la media en lo que va de año, la relevante para conocer la pérdida de poder adquisitivo sufrida por estos asalariados, es del 3,3%.

Hay que tener en cuenta que el SMI español es el segundo más bajo de la UE, sólo por encima del existente en Portugal, y que supone tan sólo en torno al 40% del salario medio, cuantí­a muy inferior al 60% recomendado por la Carta Social Europea como remuneración mí­nima suficiente.

La situación de este importante colectivo de trabajadores de referencia, indicador del aumento de la descohesión social y laboral propiciada por el Gobierno del PP, contrasta con el aumento del beneficio ordinario neto registrado por las empresas no financieras en el primer trimestre, que ha alcanzado el 12,6%, un magní­fico resultado que en absoluto muestra concordancia con la injusticia que supone la polí­tica del PP con los preceptores del SMI.

Por lo que se refiere a los aumentos salariales en la negociación colectiva, en la actualidad se sitúan en el 3,1%, también por debajo de la inflación media de los seis primeros meses (3,3%), lo que determina un crecimiento de los costes laborales por unidad de producto por debajo al aumento del deflactor del PIB, de modo que no existen tensiones inflacionistas provocadas por los salarios. Para asegurar el logro de los incrementos reales pactados en la negociación, es necesario que se incluyan siempre cláusulas de revisión salarial de eficacia plena para el caso de que el IPC real en diciembre sea superior al previsto por el Gobierno, como sucede en la actualidad.