Greenpeace considera necesario que el Gobierno español adopte medidas para prohibir la importación de madera procedente de talas ilegales de los bosques tropicales africanos.

"Ya es hora de que el Gobierno persiga a los que destruyen la naturaleza, beneficiándose de las talas ilegales que están devastando los últimos bosques ví­rgenes en África, Asia o América Latina", ha declarado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde. "El caso del Rainbow Warrior ha puesto claramente de manifiesto que el problema no es Greenpeace, ni los que defienden el medio ambiente, sino los que lo destruyen impunemente".

Las medidas concretas que demanda Greenpeace son:

– Que se incorpore a la Ley Básica de Montes - actualmente en discusión en el senado -un artí­culo que prohí­ba las importaciones ilegales.

– Que el Gobierno español apoye en el Parlamento y en el Consejo Europeo una nueva legislación que prohí­ba las importaciones ilegales de madera y productos de madera procedentes de tala ilegal.

– Que las administraciones públicas españolas desarrollen polí­ticas de adjudicaciones públicas ecológicas de forma que en la contratación de las obras, suministros y servicios se exija madera certificada por un organismo independiente y creí­ble.

"La lucha del Rainbow Warrior ha servido para poner de manifiesto que el tráfico de madera procedente de talas ilegales en España es un problema sin resolver. Aunque la madera se legalice con papeleos de carácter irregular, lo cierto es que este comercio está devastando las selvas y haciendo imposible el desarrollo de sistemas de gestión forestal sostenible", añadió López de Uralde. "El Gobierno no puede seguir pasivo ante la implicación española en este tráfico".