Patronal y sindicatos europeos han acordado unos criterios básicos de actuación ante los cambios y las consecuencias sociales, motivadas por las reestructuraciones de plantilla en Europa.

El objetivo de este borrador, que tiene que ser sometido a discusión de las Ejecutivas de la UNICE y la CES en los próximos meses, es conseguir el mantenimiento del empleo ("desempleo cero") a través de iniciativas como la formación para la readaptación de los trabajadores afectados. Todo ello, pese a que existan despidos, expedientes de regulación y prejubilaciones, consecuencia del aumento de la competencia de las empresas por los retos que plantea la Unión Europea, la globalización y la influencia de las nuevas tecnologí­as. En España estamos asistiendo al anuncio de constantes reestructuraciones de plantilla en grandes empresas del paí­s.

En los primeros cuatro meses de este año se han registrado ya 1.744 expedientes de regulación de empleo, que afectan a 29.202 trabajadores, de los que han sido autorizados un total de 1.633 expedientes de 26.903 trabajadores (de ellos 1.226, que aglutinan a 19.281 trabajadores, han sido pactados). UGT considera que este acuerdo puede servir de base para establecer criterios comunes para abordar, a través de la negociación colectiva, las reestructuraciones empresariales.

Patronal (UNICE y CEEP) y sindicatos europeos (CES) han alcanzado un acuerdo sobre "orientaciones de referencia para dirigir el cambio y sus consecuencias sociales", cuyo objetivo es ordenar y paliar, en la medida de lo posible, las repercusiones que tendrán sobre el mercado laboral y la sociedad europea las reestructuraciones de plantilla provocadas por la exigencia de competitividad de las empresas ante los retos de la Unión Europea, la globalización y las nuevas tecnologí­as.

Para UGT, el acuerdo, aunque no establece un marco general de obligado cumplimento, sino una serie de criterios comunes, es positivo por cuanto intenta evitar masivas destrucciones de empleo como las registradas en Vilvoorde (Renault), entre otras, que supusieron el cierre inesperado y unilateral de plantas industriales, la pérdida de miles de empleos, graves consecuencias regionales y sociales, y una gran alarma a lo largo de toda Europa.

En los últimos meses también en España estamos asistiendo al anuncio de constantes reestructuraciones de plantilla en grandes empresas del paí­s. Sólo en los primeros cuatro meses de este año se han registrado ya 1.744 expedientes de regulación de empleo, que afectan a 29.202 trabajadores y de los que han sido autorizados un total de 1.633 expedientes de 26.903 trabajadores (de los que 1.226, que aglutinan a 19.281 trabajadores, han sido pactados).

El sindicato considera que estos criterios son básicos para la negociación colectiva. El Acuerdo de Negociación Colectiva de 2003 establece que su objetivo es responder a los requerimientos de las empresas y los trabajadores con relación a los cambios del entorno económico mediante mecanismos de flexibilidad interna que permitan asegurar mejor el empleo y evitar ajustes traumáticos de plantilla. De hecho, el 75% de los expedientes de regulación de empleo registrados en los primeros cuatro meses del año han sido pactados.

El acuerdo subraya que el objetivo es saldar las reestructuraciones con el mantenimiento del empleo ("desempleo cero") porque, pese a que existan despidos, regulaciones y prejubilaciones indeseadas, iniciativas, como la formación, permiten que el trabajador pueda readaptarse con facilidad a las circunstancias del cambio y a su posterior recolocación. En todo caso, es preciso buscar "todas las alternativas posibles al despido" porque, en la mayor parte de los casos los procesos de cambio y la adaptación que conllevan no entrañan pérdidas de empleo, sino modificaciones en las condiciones de trabajo (movilidad funcional, traslados, clasificación profesional, estructura salarial, acuerdos, cambios en la organización del trabajo).

Los agentes sociales europeos estiman que esta gestión debe partir de un estudio integral sobre las necesidades y condicionantes de la empresa, de la negociación abierta con los trabajadores y sus representantes, cumpliendo las obligaciones de información y consulta, con una comunicación fluida y de calidad, que se establece a nivel nacional como en las directivas relativas al Comité de Empresa Europeo. Pero también con la implicación de las Administraciones para asegurar las operaciones de reconversión y desarrollo económico.

Para UGT este acuerdo es útil en la medida en que refuerza los cauces de participación y negociación de los representantes de los trabajadores y de las empresas y pretende evitar el recorte de derechos laborales y sociales fruto de los cambios. En este sentido, considera que puede ser una base de referencia para el desarrollo de criterios y procedimientos en los ámbitos sectoriales con el fin de abordar soluciones en materia de reestructuraciones.