En 1991 Marruecos y el Frente Polisario suscribieron un Plan de arreglo auspiciado por Naciones Unidas. Desde entonces, con las más diversas excusas, Marruecos no ha cesado de entorpecer la ejecución del Plan mientras seguí­a con sus polí­ticas de colonización, explotación de las riquezas y persecución de la población saharaui en las zonas que ocupa.

Al intentar evitar la realización de un referéndum justo y transparente, tal como estaba previsto, Marruecos ha provocado la paralización del Plan. Y, como en otras situaciones parecidas, las demoras prolongadas sólo están beneficiando al fuerte, al ocupante.

Ante esta situación James Baker, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, ha planteado una propuesta que supone abandonar el Plan de arreglo y buscar un acuerdo polí­tico. Este Plan que prevé un régimen transitorio autónomo y una consulta postergada, ha sido rechazado por el Frente Polisario por no atenerse a derecho y carecer de garantí­as. Sin embargo le conviene a Marruecos pues por esa ví­a la solución dependerá de la relación de fuerzas imperante y de sus apoyos internacionales.

Desgraciadamente varios gobiernos están viendo en las propuestas de Baker un medio para cerrar de una vez por todas la cuestión saharaui.

UGT y CCOO consideran:

* Falto de realismo pretender una solución polí­tica fuera del Plan de arreglo, que esté consensuada entre un ocupante y un ocupado. Si se quiere evitar el retorno al enfrentamiento armado, sólo una solución sustentada en la comunidad internacional y conforme al derecho internacional, puede romper con la actual situación y evitar retrocesos.

* Inaceptable esgrimir que forzar a Marruecos a acatar la legalidad internacional debilita su transición a la democracia. Al contrario, un acuerdo justo sobre el Sahara podrá fortalecer las dinámicas democráticas de ese paí­s y neutralizar a los sectores autoritarios que se oponen a los avances democráticos.

Durante estos últimos años de parálisis del Plan de arreglo la situación no ha hecho más que deteriorarse.

En los campamentos de refugiados, la larga espera de algún resultado derivado del Plan de arreglo, genera frustración y desesperanza. Esto se añade a la dureza de las condiciones de vida en la hamada argelina y a las penurias del refugio. En este sentido queremos expresar nuestra rechazo a las maniobras del gobierno marroquí­, ejercidas en los últimos años y utilizando todos los medios a su alcance para hacer que los donantes de ayuda humanitaria cesaran su labor con la población civil saharaui.

En las zonas ocupadas, después de la liberación de algunos presos, se ha recrudecido la represión. Todas las semanas se detiene a saharauis por delitos de opinión. Se restringe su libertad de asociación. Esta situación se ilustra bien con el caso del Foro Verdad y Justicia. Después de varios años de trabas, limitaciones al derecho de movilidad y acoso, el 18 de junio 2003 el Tribunal de primera instancia de El Aiyún tomó la decisión de disolver la sección saharaui del Foro Marroquí­ Verdad y Justicia, cerrando su local, liquidando sus bienes y prohibiendo las actividades de esta sección a favor de los presos saharauis así­ como las relaciones con organizaciones internacionales y de otros paí­ses. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) han denunciado firmemente esta decisión. Lo mismo han hecho decenas de organizaciones internacionales de juristas y de defensa de los derechos humanos.

De esta dinámica no se escapa tampoco la población de Marruecos, que además de sufrir penurias económicas, vive la frustración de un retroceso en materia de libertades y espacios de participación polí­tica. Varias sentencias judiciales recientes, de evidente trasfondo polí­tico como la del periodista Ali Lmrabet, dificultan la pretendida apertura polí­tica del régimen.

UGT y CCOO no pueden más que sorprenderse y mostrar su preocupación ante la nueva propuesta Baker para el futuro del Sahara Occidental. Y por ello solicitan al Gobierno Español y al Consejo Europeo que ejerzan una presión internacional efectiva sobre Marruecos para que se avenga a aceptar y llevar a acabo el Plan de arreglo de 1991. Pues tal como ha señalado el intergrupo ?Paz para el pueblo saharaui? del Parlamento Europeo ?...se trata de la opción más antigua que está sobre la mesa y hay un claro consenso internacional para privilegiar esta ví­a (...) una nueva propuesta de Naciones Unidas debe permitir la libre determinación del pueblo saharaui y no servir de instrumento para legitimar una brutal ocupación militar?.

España, que en estos dí­as preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puede permanecer neutral en esta situación. Tiene que asumir un papel activo, tal como hizo Portugal respecto a Timor.

Los sindicatos llamamos a las organizaciones polí­ticas y sociales españolas a que expresen públicamente su apoyo a los derechos del pueblo saharaui y a la búsqueda de una solución conforme al derecho internacional.

El conflicto en el Sahara Occidental tiene una solución: el respeto de la legalidad internacional y la implementación escrupulosa del Plan de arreglo. Cualquier solución que no sea este Plan requiere necesariamente la aprobación del Frente Polisario como legí­timo representante del pueblo saharaui.