Los hechos acontecidos el 10 de Junio en la constitución de la Asamblea de Madrid, dieron la vuelta a la expresión de la voluntad popular, como consecuencia de la ausencia voluntaria del Pleno de dos diputados electos por la candidatura socialista, dejando de esta manera la Presidencia de la Mesa de la Asamblea en manos del Partido Popular y creando una crisis institucional a través de un golpe a la democracia.

En democracia el voto es sagrado y no es posible consentir que ningún poder fáctico o polí­tico tuerza la voluntad popular a su antojo. Por ello, desde los sindicatos CC.OO. y UGT exigimos la renuncia inmediata a sus actas de diputados de los traidores Tamayo y Sáez.

Y así­ hemos participado activamente en la Campaña Exigencia Cí­vica que tiene por objeto conseguir la devolución de las actas y la restitución de la expresión de la voluntad popular.

UGT y CC.OO. hemos exigido reiteradamente la devolución de dichas actas, lo cual es la única salida que respeta lo expresado en las urnas el pasado 25 de Mayo, igualmente lo han hecho el Partido Socialista e Izquierda Unida. Existe otro importante Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, el del Partido Popular, quien todaví­a no ha exigido dicha devolución y no sólo eso sino que ha propiciado con sus votos la presencia de uno de los diputados traidores en la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid.

Desde el sindicalismo de clase en nuestra región, exigimos al grupo Parlamentario Popular que promueva la devolución de las actas de dichos diputados como única expresión clara de que rechazan un acto indigno y no tienen voluntad de beneficiarse directa o indirectamente de la situación creada por estos dos diputados y quienes les amparan.

Demandamos igualmente una investigación en profundidad para desenmascarar el origen de la situación creada, adoptando tras las conclusiones de la investigación las medidas oportunas, tendentes a terminar con cualquier posibilidad de connivencia entre redes de intereses económicos y urbaní­sticos con el poder polí­tico.

Esta investigación tiene que producirse a través tanto de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, de la que evidentemente no pueden formar parte los investigados, Tamayo y Sáez, como a través de la Fiscalí­a.

Los ciudadanos y ciudadanas madrileños tenemos derecho a ello, y los sindicatos como representantes de los trabajadores, en el espacio que nos corresponde exigimos el más estricto respeto a la libre voluntad de la ciudadaní­a expresada mayoritariamente en las urnas el pasado 25 de mayo.