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CC.OO. exige la ampliación de los plazos de tramitación de la Ley de Extranjería para facilitar el diálogo político.
Recibida de CC.OO.-Confederal el 26-06-2003 a las 06:06

Pide la emisión de los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico y Social y del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

CC.OO. saluda la decisión del Consejo General del Poder Judicial que reclama revisar el Proyecto de Ley que reforma la Ley de Extranjerí­a y hace una llamada de atención sobre que con esta iniciativa el CGPJ pone de relieve que este nuevo Proyecto de Ley no cuenta tampoco con los informes del Consejo Económico y Social ni del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, instancias que por su naturaleza deberí­an conocerlo y disponer del tiempo mí­nimo necesario para emitir su opinión, con la posibilidad de ser tenida en cuenta por el Gobierno.

Para José Marí­a Dí­az Ropero, secretario confederal de Polí­ticas Sectoriales y Migraciones de CC.OO., dado que estamos ante la tercera gran reforma del Partido Popular en materia de extranjerí­a e inmigración y que las expectativas generadas por la reforma anterior no se han cubierto razonablemente, esta reforma deberí­a haber sido realizada con el máximo de aportaciones de diversos ámbitos de la sociedad y con la búsqueda de un consenso que la actual gestión precipitada y unilateral impiden.

CC.OO. insiste en que hay varios apartados de este proyecto de reforma que suscitan una enorme inquietud al configurar un marco más duro y arbitrario para la personas extranjeras que están en nuestro paí­s, destacando como ejemplo haber quitado de la anterior ley el arraigo, las restricciones a la reagrupación familiar, la no admisión a trámite de expedientes, la utilización de datos del padrón...etc.

Por todo ello, CC.OO. exige que se dé un nuevo enfoque a la Reforma hacia la mejor gestión de los flujos migratorios, la dotación de los recursos necesarios para ello, las polí­ticas de integración de los inmigrantes y las polí­ticas de emergencia de la economí­a sumergida y del empleo irregular.




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