El pasado 31 de mayo, CC.OO. instó a la Audiencia Nacional la ejecución provisional de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de fecha 7 de noviembre de 2000 en la que se anulaba la congelación salarial de los funcionarios impuesta por el Gobierno en 1977

El 25 de julio de 2001, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo nos ha notificado el Auto en el que se nos deniega la ejecución provisional.

La Audiencia reconoce la legimitidad de la Federación de Enseñanza para solicitar la ejecución provisional, en contra de las alegaciones del Abogado del Estado, pero entiende que un inmediato abono de sumas tan elevadas "“según se desprende de la documentación aportada por la Administración- incidirí­a directamente en la realidad preexistente a tal pago, de suerte que de resultar estimado el recurso de casación interpuesto por la Abogací­a del Estado contra la sentencia y declarada por el Tribunal Supremo la inexistencia del derecho, serí­a imposible restablecer la situación anterior.

En cuanto a la ejecución provisional del segundo apartado de la sentencia -la obligación de la Administración a sentarse a negociar en el plazo más breve posible- la Audiencia Nacional señala que, dadas la discrepancias existente entre las partes, parece razonable esperar a que la Sentencia sea firme. De lo contrario, los acuerdos fruto de esta negociación y la propia esencia de la negociación estarí­an desvirtuados en el caso de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso del Gobierno y declarara firme la obligación de negociar por parte de la Administración.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. valora positivamente que la propia Audiencia Nacional entienda que CC.OO. está legitimada para la reclamación de cantidades de aquellos empleados públicos a los que representa, así­ como la exhaustiva fundamentación del Auto que avalan las pretensiones de CC.OO. aún a pesar de haber denegado la ejecución provisional por causas de interés económico general.