Human Rights Watch respalda las iniciativas para la desmovilización de combatientes y el trabajo para poner fin al conflicto por medios pací­ficos siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de la justicia y la rendición de cuentas por los crí­menes contra la humanidad, las violaciones de los derechos humanos y los crí­menes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no sólo sobre el papel.

En principio, Human Rights Watch no se opone a las amnistí­as ni a los indultos por rebelión, sedición u otros crí­menes contra el Estado, ya que éste tiene derecho a perdonar los delitos que se cometen contra él. Las normas adoptadas por los paí­ses para abordar los conflictos y su resolución son favorables a este tipo de amnistí­as. De hecho, la constitución colombiana contempla amnistí­as para lo que define como "crí­menes polí­ticos".

Human Rights Watch se opone, en cambio, a las amnistí­as o los indultos para las personas responsables de crí­menes contra la humanidad, crí­menes de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos. Se trata de crí­menes contra las personas que el Estado no tiene derecho a perdonar y merecen una condena independientemente de las fronteras o las polí­ticas internas. Un conjunto cada vez mayor de tratados y leyes internacionales prohí­ben a los estados la concesión de amnistí­as por este tipo de violaciones. La jurisprudencia colombiana también impide que sus gobernantes concedan amnistí­as generales en ausencia de un proceso judicial.

También existen poderosos argumentos prácticos en contra de las amnistí­as generales. Su contribución a la paz es ilusoria. Al debilitar el estado de derecho, fomentan el aumento de la violencia. En el caso de Colombia, la historia es una cruda ilustración de este punto. Las anteriores amnistí­as han propiciado un agravamiento del conflicto, un aumento del saldo de ví­ctimas, sobre todo civiles, y el empleo de tácticas cada vez más bárbaras por parte de los grupos armados activos en todo el paí­s.

Garantizar que cualquier negociación incluye la administración de justicia para los crí­menes contra los derechos humanos es fundamental teniendo en cuenta el futuro del conflicto colombiano. Cualquier acuerdo con los paramilitares se considerará un modelo para futuras negociaciones con la guerrilla. Si se concede una amnistí­a general a los paramilitares que planearon u ordenaron la comisión de atrocidades, los guerrilleros tendrán aún más razones para reclamar impunidad por sus crí­menes pasados y futuros, con la creencia de que pueden cometerlos e insistir posteriormente en que estos crí­menes sean perdonados.

La impunidad para los violadores de los derechos humanos no puede ser el precio de la desmovilización. Como señaló el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, durante su visita de diciembre de 2002 a Colombia, los lí­deres y los comandantes de campo de las AUC "tienen mucho por lo que responder, no sólo en virtud de las leyes estadounidenses sino también conforme a la legislación colombiana".

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