En el mundo sigue habiendo miles de personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos y que encuentran cada vez más obstáculos para obtener protección.

España conmemora estos dí­as el 25 aniversario de su adhesión a la Convención de Ginebra de 1951 y al Protocolo de Nueva York de 1967, de su compromiso con la ayuda a los refugiados. Sin embargo, nunca desde 1978 la situación y las perspectivas de los refugiados y solicitantes de asilo en España han sido tan difí­ciles como ahora.

Ante los innumerables obstáculos que plantean las medidas de control de la inmigración aprobadas por el Gobierno (visados, multas a compañí­as transportistas, controles fronterizos..), el número de solicitantes de asilo continúa cayendo en picado: en los cuatro primeros meses de 2003 sólo ha habido 1.879 solicitudes, frente a las 2.895 del primer cuatrimestre del año anterior, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Y en todo el año 2002 la cifra total de solicitudes se redujo de las 9.490 de 2001 a 6.203. El número de estatutos de refugiado concedidos en el 2002 fue de sólo 175 (a falta de sumar los datos de diciembre).

Amnistí­a Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llevan tiempo mostrando su preocupación por las cada vez más restrictivas polí­ticas de asilo del Gobierno, que se acentuarán con el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Extranjerí­a. En dicho proyecto se incluye, entre otras medidas, un endurecimiento de las sanciones a las compañí­as de transporte que podrí­a dificultar aún más la llegada de quienes necesitan protección internacional por estar huyendo de violaciones de derechos humanos en su paí­s.

Otro motivo de preocupación para nuestras organizaciones es la restrictiva interpretación que el Gobierno está haciendo de la Convención de Ginebra ya que, además de otorgar muy pocos estatutos, se están concediendo estatutos de protección subsidiaria (con menores garantí­as y sujetos al cada vez más severo marco de la legislación de Extranjerí­a) a personas que a nuestro juicio merecen el estatuto de refugiado. Personas que, cuando intentan la renovación de esa protección, pueden encontrarse con su rechazo por motivos que no tienen que ver con la situación de los derechos humanos en su paí­s. Y de esta forma se quedan sin documentos y con la amenaza cierta de la expulsión.

Las trabas y obstáculos para viajar a España están afectando especialmente a ciudadanos de paí­ses golpeados por situaciones de extrema violencia y violaciones de derechos humanos cotidianas. Tal es el caso de los ciudadanos colombianos que, desde que se les impuso el visado de entrada en enero del 2002, han visto reducidas de manera drástica sus posibilidades de pedir asilo en nuestro paí­s. Por ello, pedimos al Gobierno español que adopte las medidas necesarias para que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan viajar a España a pedir asilo.

¿Y qué decir del reasentamiento de refugiados? En los últimos cuatro años España sólo ha acogido a 17 refugiados de terceros paí­ses que, por el elevado número de refugiados que acogen y por su precaria situación socioeconómica, no pueden atenderles. A pesar de la insistencia de organizaciones como CEAR y Amnistí­a Internacional, el Gobierno continúa sin asumir un compromiso activo de solidaridad internacional y corresponsabilidad en la protección internacional de los refugiados. Es inadmisible que sean los paí­ses más pobres los que atienden a más del 90% de los 22 millones de refugiados que existen en el mundo. Otros paí­ses sí­ aceptan programas de reasentamiento para compartir la protección de los refugiados. Así­, por ejemplo, Brasil ha acogido este año a 100 refugiados, Benin a otros 153, por no mencionar a Dinamarca (500), Finlandia (750) o Australia (4.000).

Los problemas no acaban para quienes, los menos, consiguen pedir asilo u obtienen protección en España. Se encuentran entonces con otros graves problemas que complican su vida cotidiana: falta de información suficiente, procedimientos dilatados (en ocasiones de hasta tres años), trabas a su reagrupación familiar, inserción laboral y, en consecuencia, a su integración social, etc.

Tampoco de la Unión Europa llegan buenas noticias. Amnistí­a Internacional y CEAR han expresado su preocupación por las tendencias imperantes en el desarrollo de un sistema común europeo de asilo, que tienden a priorizar el control y la represión de la inmigración sobre los derechos de los refugiados, socavando su protección. Un ejemplo de esta tendencia es la propuesta del primer ministro británico, Tony Blair, quien, entre otras cosas, pretende crear "centros de tramitación de tránsito" donde enviar a los solicitantes de asilo en la Unión Europea. En dichos centros, que estarí­an situados en paí­ses cercanos a la Unión Europea, los solicitantes de asilo permanecerí­an detenidos mientras se tramita su solicitud. Esta propuesta plantea importantes interrogantes desde la perspectiva del Derecho Internacional de los refugiados y podrí­a debilitar las garantí­as de los solicitantes de asilo.

Asimismo, nos oponemos al regreso forzado a Irak de los tres millones de iraquí­es refugiados en Europa hasta que la situación en este paí­s sea lo suficientemente estable y segura como para permitir un retorno seguro y digno de los refugiados de forma que se respeten sus derechos humanos.

Los refugiados son una de las "heridas" de nuestro mundo. Cincuenta millones de personas, uno de cada 120 habitantes del planeta, han tenido que huir de sus hogares en las últimas décadas ante la amenaza cierta de persecución, de violación de sus derechos humanos.

Amnistí­a Internacional y CEAR hacen un llamamiento a la sociedad española para que reafirme sus valores de solidaridad y respeto hacia los refugiados y contribuya a mantener la utopí­a de construir un mundo donde los derechos humanos no sean papel mojado para la mayorí­a de la humanidad.